El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) inició un proceso de capacitación dirigido a personal que mantiene contacto directo con la ciudadanía, con el objetivo de obtener una certificación oficial en atención al público y fortalecer los procedimientos de orientación y servicio dentro de la institución.
La preparación corresponde al Estándar de Competencia EC0105, denominado “Atención al ciudadano en el sector público”, y forma parte de un convenio de colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia y el Colegio de Notarios del Estado de México.
Personal judicial se prepara para obtener certificación oficial
En esta primera fase participan integrantes de la Secretaría Técnica del Tribunal Superior de Justicia, de la Dirección de Atención Ciudadana y del programa CONTIGO, además de dos servidores judiciales adscritos al área de Presidencia del Tribunal.
El proceso comenzó el pasado 21 de septiembre con una evaluación diagnóstica, mientras que las sesiones de preparación iniciaron una semana después.
La capacitación está orientada a mejorar la identificación de necesidades de los usuarios, la orientación sobre trámites y servicios, así como el manejo de información y documentos durante las distintas etapas de atención.
La certificación se realizará mediante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo vinculado a la Secretaría de Educación Pública que reconoce formalmente las competencias adquiridas mediante formación o experiencia profesional.
Contemplan otras dos certificaciones para el sector judicial
El acuerdo entre ambas instituciones incluye tres estándares de competencia. Después de la etapa dedicada a la atención ciudadana, se desarrollarán procesos relacionados con la evaluación de competencias laborales y los procedimientos notariales vinculados con actividades vulnerables.
En estas fases posteriores está prevista la participación de juezas, jueces y personal de la Escuela Judicial del Estado de México.
Con este programa, el Poder Judicial busca establecer criterios de atención más uniformes y fortalecer las capacidades de sus servidores públicos, particularmente en las áreas responsables de orientar a quienes acuden a solicitar servicios judiciales.
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