El Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx) aprobó una política integral de salud para sus trabajadores y una reorganización de los servicios de mediación, con el propósito de ampliar la atención médica al personal y facilitar la resolución de controversias mediante herramientas digitales.
Los acuerdos fueron avalados durante una sesión del Órgano de Administración Judicial (OAJ), encabezado por el magistrado Fernando Díaz Juárez, con la participación de los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, y del Tribunal de Disciplina Judicial, Maricela Reyes Hernández, como invitados permanentes.
Atención médica y prevención de riesgos laborales
La nueva Política Integral de Salud contempla revisiones médicas preventivas, vacunación, asesoría nutricional, actividades físicas y servicios de atención psicológica para los servidores públicos judiciales.
También incluye consultorios médicos básicos, seguros complementarios, apoyos económicos ante contingencias y mecanismos confidenciales para reportar situaciones de violencia laboral.
El programa prevé evaluaciones para identificar riesgos psicosociales, así como medidas específicas de protección para trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia y personal con enfermedades degenerativas o en condiciones de vulnerabilidad.
La Dirección General de Administración tendrá a su cargo la implementación de estas disposiciones, mientras que Finanzas y Planeación gestionará los recursos presupuestales correspondientes.
Mediación virtual para reducir traslados y trámites
En materia de atención ciudadana, el OAJ autorizó modificar la estructura del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, a propuesta de su titular, Blanca Colmenares Sánchez.
La reorganización permitirá incorporar formalmente el Centro Virtual como unidad administrativa, con funciones propias para coordinar procedimientos de mediación a distancia y mantener comunicación directa con los juzgados.
El esquema contempla juntas informativas virtuales, seguimiento electrónico de expedientes y transmisión digital de constancias judiciales, con la finalidad de disminuir el uso de documentos físicos y evitar desplazamientos innecesarios.
Además, se asignará personal permanente para dar continuidad a los asuntos durante las distintas etapas del procedimiento.
El proyecto aprovechará la experiencia de atención remota desarrollada durante la pandemia y contempla adecuaciones en la Torre II de los juzgados Civiles y Familiares de Toluca.
Las primeras pruebas se realizarán en el Juzgado Séptimo Familiar de Toluca y el Juzgado Mixto de Chalco, con residencia en Ixtapaluca.
Durante la sesión, Macedo García señaló que esta modalidad podría contribuir a disminuir el rezago judicial, especialmente en asuntos familiares, al facilitar soluciones mediante el diálogo entre las partes.
También aprueban brigadas para juzgados familiares
El Pleno autorizó la creación de brigadas permanentes regionalizadas para apoyar las actividades de los juzgados familiares.
Asimismo, revisó posibles modificaciones en la ubicación y funcionamiento de órganos jurisdiccionales, ajustes en sus competencias y atribuciones de la Contraloría Interna relacionadas con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
Los acuerdos forman parte de una reorganización administrativa que contempla tanto las condiciones laborales del personal judicial como los mecanismos de atención a quienes recurren a los tribunales mexiquenses.
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