Ciudad de México, 21 de mayo de 2026. El uso de instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para grabar videos promocionales de una marca de botanas provocó críticas y cuestionamientos sobre el control interno y el uso de espacios públicos dentro del Poder Judicial.
La controversia surgió luego de que dos colaboradoras adscritas a la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo aparecieran en videos difundidos en TikTok promocionando productos de la marca Snack’in For You. El contenido incluía sketches humorísticos sobre situaciones laborales y dinámicas de oficina.
Los videos rápidamente generaron reacciones negativas en redes sociales antes de ser eliminados.
Cuestionamientos por el uso de instalaciones públicas
El caso abrió un debate sobre el uso de recursos e instalaciones oficiales para fines comerciales. Entre las principales críticas destacaron el tono informal de los videos y el hecho de que las grabaciones se realizaran dentro de un inmueble destinado a funciones jurisdiccionales.
También surgieron dudas sobre los mecanismos de supervisión interna y sobre cómo se permitió la grabación y difusión del contenido sin que fuera detectado oportunamente.
La polémica ocurre además en un contexto en el que el Poder Judicial enfrenta constantes exigencias de mayor transparencia y eficiencia institucional.
La respuesta de la Suprema Corte
Tras la difusión del caso, la SCJN emitió un comunicado en el que aseguró que no existió autorización institucional ni aprobación del ministro involucrado para realizar las grabaciones.
La Corte reiteró que sus instalaciones tienen un uso exclusivamente institucional y que cualquier actividad ajena a las funciones oficiales requiere autorización expresa.
Además, informó que se solicitó retirar los videos de redes sociales y que se inició una revisión interna para determinar si existió uso indebido de tiempo laboral, mobiliario o recursos públicos.
Renuncias e investigación interna
Las dos colaboradoras involucradas presentaron su renuncia inmediata e irrevocable, mismas que fueron aceptadas por la institución. Una de ellas fue identificada como Jaqueline Sánchez Lagunes.
Hasta ahora no se han anunciado sanciones adicionales ni se han dado a conocer posicionamientos específicos del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sobre el caso.
Debate sobre la imagen institucional
El episodio reavivó la discusión sobre los estándares de conducta que deben mantener los servidores públicos, especialmente en instituciones clave del Estado mexicano.
Aunque las renuncias cerraron la participación directa de las funcionarias involucradas, persisten cuestionamientos sobre los controles internos y sobre las medidas que podrían implementarse para evitar situaciones similares en el futuro.
Por ahora, la investigación administrativa continúa y la Suprema Corte no ha informado nuevas actualizaciones oficiales.
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