Zihuatanejo, Guerrero — El caso de Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, ha generado atención nacional e internacional por su relación con la defensa del medio ambiente y la libertad de expresión en México.
El comunicador independiente y activista ambiental, de 39 años, documentaba a través de redes sociales y plataformas digitales presuntas irregularidades en la Costa Grande de Guerrero. Entre los temas que abordaba se encontraban la gestión del agua, la tenencia de la tierra y posibles actos de corrupción vinculados con proyectos locales.
La desaparición tras una denuncia ambiental
El 20 de junio de 2026, Alex Serna publicó un video en el que denunciaba presuntos daños ambientales atribuidos a una empresa deshidratadora de mango ubicada en la comunidad de La Saladita, en el municipio de Zihuatanejo de Azueta. Ese mismo día se perdió todo contacto con él, de acuerdo con reportes de su familia y de las autoridades.
Antes de su desaparición, el activista había hecho públicas amenazas recibidas mediante redes sociales, en las que personas desconocidas le exigían dejar de difundir sus publicaciones.
Hallazgo del cuerpo e identificación
Días después, el cuerpo de Alex Serna fue localizado en el municipio de Petatlán, a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, entre las comunidades de Arroyo Seco y Coyuquilla Norte.
El hallazgo ocurrió entre el 22 y 23 de junio, dentro de un contenedor azul. De acuerdo con los primeros informes periciales, el cuerpo presentaba huellas de tortura. Su identidad fue confirmada por familiares el 3 de julio de 2026 en las instalaciones del Servicio Médico Forense.
Reacciones de organismos internacionales
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) condenó el asesinato y exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su consternación por la desaparición y posterior asesinato de Alex Serna, así como por el caso de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz. El organismo pidió a las autoridades esclarecer ambos crímenes y considerar como línea prioritaria de investigación el ejercicio de la libertad de expresión y la labor periodística de las víctimas, con el propósito de garantizar justicia y reparación.
Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado de Guerrero mantiene abiertas las investigaciones. Sin embargo, no ha informado públicamente sobre detenciones ni sobre avances específicos para identificar a los presuntos autores materiales o intelectuales.
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