La acusación más delicada que ha enfrentado un gobernador mexicano en funciones durante los últimos años comienza a tomar forma. Mientras el mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece con licencia, dos de sus exsecretarios más cercanos ya comparecen ante la justicia federal de Estados Unidos, convirtiéndose en los primeros de los diez acusados en llegar a territorio estadounidense.
El general de división en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa hasta 2024, cruzó el 11 de mayo por la garita de Nogales, Arizona, y se entregó a autoridades estadounidenses. De acuerdo con información confirmada por el Gabinete de Seguridad federal, el exmando militar —con trayectoria en distintas regiones del país y experiencia en inteligencia militar— fue trasladado a Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos en su contra.
En paralelo, Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, arribó procedente de Europa y también se entregó voluntariamente en Nueva York. Diversos reportes periodísticos señalan que buscaría alcanzar un acuerdo de culpabilidad para reducir una eventual sentencia.
La acusación del Departamento de Justicia
Entre el 29 y 30 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presunta conspiración para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, además de delitos vinculados con armas de fuego.
La acusación sostiene que los señalados habrían brindado protección y facilidades operativas a la facción de Los Chapitos a cambio de sobornos y respaldo político.
Investigaciones periodísticas independientes, entre ellas una publicada por la Revista Espejo, también han puesto bajo revisión el crecimiento patrimonial de Díaz Vega, particularmente por la adquisición de múltiples propiedades durante y alrededor de su paso por la administración estatal.
Reacciones y contexto
La confirmación oficial de la entrega de Mérida Sánchez representa un punto de inflexión en el caso. Hasta ahora, autoridades mexicanas habían sostenido que los elementos presentados por Estados Unidos debían revisarse conforme a la legislación nacional antes de avanzar en cualquier procedimiento.
El caso refleja además las tensiones bilaterales en materia de seguridad y justicia entre ambos países. Con dos exfuncionarios de alto nivel ya procesados en Nueva York, el expediente entra en una etapa más activa, mientras el resto de los acusados permanece en México y algunos han recurrido a amparos para buscar protección legal.
Hasta el momento, ninguna de las acusaciones ha sido probada ante un tribunal y todos los involucrados mantienen la presunción de inocencia. No obstante, la rapidez con la que Mérida Sánchez y Díaz Vega llegaron a territorio estadounidense apunta a un posible aceleramiento del proceso judicial en las próximas semanas.
El avance de este caso no solo coloca bajo presión la administración de Rocha Moya, sino que también reabre el debate sobre los mecanismos de control institucional y la relación entre autoridades y estructuras criminales en uno de los estados más estratégicos del país en materia de seguridad.
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