El caso de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, tomó un nuevo rumbo tras el intercambio de acusaciones entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la propia alcaldesa, quienes sostienen versiones completamente distintas sobre los hechos ocurridos a finales de mayo.
Mientras la autoridad ministerial afirma que la desaparición de la edil formó parte de un presunto secuestro simulado para justificar la salida de recursos públicos, la alcaldesa asegura que fue víctima de un delito y que la investigación en su contra responde a intereses políticos.
La versión de la Fiscalía
El miércoles, la FGJEM informó avances en sus investigaciones y dio a conocer que ejercitó acción penal contra varias personas presuntamente relacionadas con el caso, además de solicitar una audiencia de formulación de imputación contra Nancy Nápoles por el probable delito de simulación de secuestro.
Según la principal línea de investigación, la desaparición de la presidenta municipal habría sido planeada con anticipación y tendría como finalidad justificar el pago de un supuesto rescate por 40 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que existen testimonios, videograbaciones y otros elementos de prueba que apuntan a que la alcaldesa habría participado voluntariamente en los hechos, además de señalar la posible existencia de una afectación a recursos públicos.
El caso también involucra a otras personas cercanas a la edil, algunas de las cuales ya fueron detenidas, mientras que la institución informó que existe una orden de aprehensión contra su esposo, José Roberto «N».
Adicionalmente, la Fiscalía dio vista a las autoridades competentes en materia de combate a la corrupción y fiscalización para investigar el posible manejo irregular de recursos municipales.
La respuesta de Nancy Nápoles
Un día después, la alcaldesa difundió un mensaje en redes sociales para rechazar las acusaciones.
Nancy Nápoles aseguró que desde el inicio de las investigaciones atendió todas las citaciones y aportó la información que le fue requerida por las autoridades, aunque afirmó haber recibido un trato discriminatorio y acusó a funcionarios ministeriales de manipular sus declaraciones.
Asimismo, cuestionó la credibilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía y señaló que parte de la investigación estaría sustentada en el testimonio de una persona beneficiada con un criterio de oportunidad.
La presidenta municipal también sostuvo que detrás del caso existiría una motivación política para afectar su imagen y su desempeño como servidora pública, además de exigir que se investiguen las actuaciones de los funcionarios involucrados en el proceso.
Niega un desfalco y pide revisar las finanzas
Otro de los puntos centrales de su posicionamiento fue el rechazo a las versiones sobre un presunto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales.
La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento de Tenancingo mantiene una situación financiera sana e invitó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a realizar las auditorías que considere necesarias para comprobarlo.
También manifestó su respaldo a las investigaciones y afirmó que continuará colaborando para esclarecer los hechos.
Preguntas que siguen abiertas
Las declaraciones de la presidenta municipal, sin embargo, no disiparon todas las dudas surgidas tras el comunicado de la Fiscalía.
En su mensaje, Nancy Nápoles rechazó las acusaciones en su contra y denunció una persecución política, pero no ofreció una explicación detallada sobre las circunstancias de su desaparición ni abordó la situación jurídica de su esposo, señalado por la autoridad ministerial dentro de las investigaciones.
Por su parte, la Fiscalía sostiene que cuenta con elementos suficientes para respaldar sus conclusiones y mantener las acciones legales emprendidas.
Dos relatos completamente opuestos
El caso de Tenancingo ha evolucionado de una denuncia de secuestro a una controversia judicial y política de alto impacto.
Por un lado, la Fiscalía plantea que existió un montaje con posibles implicaciones de carácter penal y patrimonial. Por el otro, la alcaldesa afirma que las acusaciones son falsas y que forman parte de una estrategia para desacreditarla.
Las dos versiones presentan narrativas incompatibles entre sí y colocan el caso en un escenario donde las investigaciones ministeriales, los procesos judiciales y las eventuales auditorías serán determinantes para establecer qué ocurrió realmente.
Mientras tanto, la incertidumbre permanece y el expediente sigue generando interrogantes que, por ahora, no tienen una respuesta definitiva.
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