Las acusaciones presentadas en una corte federal de Nueva York contra altos funcionarios de Sinaloa coinciden con un nuevo frente institucional: la revisión, en México, de solicitudes de extradición enviadas por el Gobierno de Estados Unidos.
Mientras el proceso judicial estadounidense se encuentra en etapa inicial, autoridades mexicanas ya analizan si existen elementos suficientes para proceder conforme a su propio marco legal.
Solicitudes de extradición bajo revisión en México
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ayer recibió solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con la dependencia, los documentos fueron turnados a la Fiscalía General de la República, instancia que deberá determinar si cumplen con los requisitos legales para avanzar hacia posibles detenciones provisionales con fines de extradición.
Tras una revisión preliminar, la cancillería señaló que los materiales entregados no contienen elementos de prueba suficientes para establecer responsabilidad. Aun así, el análisis de fondo corresponde a la Fiscalía.
También indicó que existen cláusulas de confidencialidad en los tratados vigentes, por lo que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se hizo pública la información.
La acusación en Nueva York
De manera paralela, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó un indictment en el que se acusa a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntamente colaborar con la facción de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Según el documento, la presunta red habría facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. El caso quedó en manos de la jueza federal Katherine Polk Failla.
Funcionarios señalados
Entre los nombres incluidos figuran el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázares, junto con otros perfiles vinculados a áreas de seguridad pública, procuración de justicia y administración estatal:
- Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázares – Senador de la República
- Enrique Díaz Vega – Ex Secretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra – Vicefiscal o Fiscal Adjunto
- Marco Antonio Almanza Avilés – Ex jefe de la Policía de Investigación
- Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”) – Ex funcionario de seguridad
- Gerardo Mérida Sánchez – Ex Secretario de Seguridad Pública
- José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”) – Ex subdirector policial
- Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”) – Ex comandante policial
Señalamientos y posibles sanciones
La acusación sostiene que los implicados habrían ofrecido protección al cártel, compartido información estratégica y facilitado el traslado de drogas mediante el uso de corporaciones de seguridad.
En el caso del gobernador Rocha Moya, el documento menciona presunto apoyo del grupo criminal en su llegada al cargo, a cambio de permitir operaciones sin intervención estatal.
Además, uno de los imputados, Juan Valenzuela Millán, enfrenta cargos adicionales por un caso de secuestro, tortura y homicidio ocurrido en 2023.
Las imputaciones incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento prohibido, con penas que pueden alcanzar la cadena perpetua.
Respuestas y ausencia de postura oficial
Tanto el gobernador Rocha Moya como el senador Inzunza Cázares rechazaron públicamente las acusaciones. Ambos calificaron los señalamientos como falsos y cuestionaron su motivación.
Hasta ahora, no se ha informado una postura oficial adicional por parte del Gobierno federal mexicano. Tampoco se han anunciado medidas como suspensiones de cargo o solicitudes formales de extradición ejecutadas.
El proceso judicial en Estados Unidos continúa en fase inicial, mientras que en México se abre una etapa clave: determinar si las solicitudes de extradición cuentan con sustento legal suficiente para avanzar.
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