Establece el Congreso hasta 93. 4 años de cárcel por transfeminicidio
A propuesta de la diputada Luisa Esmeralda Navarro, el Congreso del Estado de México aprobó clasificar el transfeminicidio como un crimen y castigar a los responsables con penas de hasta 93. 4 años de cárcel.
La pena más alta se aplicará en casos donde la víctima sea una persona menor de edad, así como cuando el autor sea un funcionario público que haya actuado aprovechándose de su posición.
Con el fin de visibilizar los crímenes de odio y la violencia hacia las personas de la diversidad sexogenérica, y asegurar el acceso a la justicia, el Congreso Mexiquense decidió clasificar el transfeminicidio como delito, estableciendo penas de hasta 93 años y cuatro meses de prisión, en virtud de la reforma impulsada por la diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena).
La propuesta para modificar el Código Penal del Estado de México —que se basa en estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que señala entre 85 mil y 170 mil personas trans en la región— define como transfeminicidio el acto de asesinar a una mujer trans o a alguien cuya identidad o expresión de género sea reconocida como femenina, motivado por cuestiones de identidad o expresión de género, en un escenario de discriminación.
El documento menciona que, en el año 2020, al menos 16 asesinatos de personas trans fueron registrados en el Estado de México y especifica que las penas por este crimen variarían de 40 a 70 años de cárcel, además de multas que oscilan entre 700 y 5 mil días.
Estas penas se incrementarán hasta un tercio cuando la víctima sea menor de edad, así como si el autor es un servidor público que ha cometido el crimen aprovechando su posición, lo que podría resultar en hasta 93 años y cuatro meses de prisión y hasta 6 mil 666 días de multa.
“Clasificar el transfeminicidio no solo reconoce una realidad, sino que se compromete a luchar contra la impunidad que por años nos impidió existir”, manifestó Esmeralda Navarro desde el recinto, al celebrar que el Estado de México sea el sexto en establecer esta clasificación y agradeció el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, por su respaldo a la comunidad de diversidad sexogenérica.
El informe de la propuesta, leído en la sesión deliberativa por la diputada, destaca que se consideran motivos de identidad o expresión de género cuando la víctima presenta indicios de violencia sexual de cualquier tipo, ha sido sometida a lesiones humillantes, degradantes o mutilaciones, ya sean anteriores o posteriores a la muerte, o ha sido víctima de actos de necrofilia.
Frente a mujeres trans, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, quien dirige la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, la diputada indicó que, con la nueva ley, se tendrán en cuenta motivos de identidad o expresión de género cuando haya pruebas de que el agresor ha cometido violencia en el ámbito familiar, institucional, político, comunitario, laboral o escolar, o si existe una relación afectiva, emocional, de subordinación o de confianza entre la víctima y el agresor.
También se considerará cuando exista un vínculo familiar por sangre, afinidad o relación civil entre la persona agresora y la víctima; si el cuerpo de la víctima es mostrado, dejado, expuesto o arrojado en un lugar público; cuando se difunda, publique o comparta el corporal de la víctima o detalles sobre el crimen mediante cualquier forma de tecnología o comunicación; si el cuerpo de la víctima muestra evidencias de maltrato relacionadas con su identidad o expresión de género, ya sea directamente en su persona o a través de objetos personales que representen dicha identidad o expresión.
Y cuando testigos o pruebas muestren que antes o después del delito, la persona agresora utilizó palabras que demuestren rechazo u odio hacia la víctima por su identidad o expresión de género; la víctima sea despojada de elementos que representen su identidad o expresión de género o que artículos personales de la víctima sean cambiados por otros del género opuesto; y cuando la persona agresora declare que realizó el delito específicamente por motivos de identidad o expresión de género contra la víctima.
Además, en los casos pertinentes, la persona agresora perderá sus derechos civiles y familiares en relación con la víctima, incluyendo los derechos sucesorios.
Durante la discusión de la propuesta, las diputadas Paola Jiménez Hernández, Zaira Cedillo Silva, Selina Trujillo Arizmendi e Itzel Daniela Ballesteros Lule, junto a los diputados Edgar Samuel Ríos Moreno, Román Francisco Cortés Lugo y Octavio Martínez Vargas, todos del partido Morena, así como la legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo (PT), coincidieron en la importancia de crear leyes para proteger a un grupo poblacional que ha sido históricamente vulnerable, subrayando que la definición del transfeminicidio reconoce y enfrenta este tipo de violencia, atendiendo a la realidad actual de la sociedad.
Por otro lado, del grupo del PAN, las legisladoras Emma Laura Álvarez Villavicencio, Krishna Karina Romero Velázquez, Rocío Alexia Dávila Sánchez y el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa expresaron que incrementar las penas o establecer nuevos delitos no solucionará los problemas si el Estado no asegura la justicia, y plantearon dudas sobre la agenda al considerar que hay asuntos más serios que atender en la entidad.
Además, expresaron su pesar por no haber logrado aprobar su propuesta para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pudiera mejorar la iniciativa.
En el Congreso del Estado de México se están revisando dos propuestas adicionales para crear la Ley del Mezcal del Estado de México. El objetivo es salvaguardar, promover y hacer crecer la industria relacionada con esta bebida tradicional, así como establecer su reconocimiento legal y económico para beneficiar a las familias productoras, sobre todo en el sur de la región.
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