El Congreso del Estado de México abrió un espacio de discusión pública sobre la gestación por sustitución, en un foro que reunió a legisladoras, especialistas en bioética, representantes de organizaciones civiles y estudiantes universitarios para examinar las implicaciones jurídicas, sociales y económicas de esta práctica.
Bajo el título “Vientres de Alquiler: ¿Negocio, explotación o derecho?”, el encuentro abordó la necesidad de revisar el marco legal ante un fenómeno que, de acuerdo con cifras citadas de Naciones Unidas, alcanzó un valor estimado de 14 mil 950 millones de dólares en 2023 a nivel global.
Debate sobre dignidad y regulación
Durante su intervención, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) sostuvo que el análisis legislativo debe partir de evidencia científica y jurídica que permita dimensionar el fenómeno con rigor. Señaló que el propósito no es criminalizar la reproducción asistida, sino impedir que el deseo legítimo de formar una familia derive en esquemas contractuales que afecten la dignidad humana.
“Lo hacemos en un momento crítico”, expresó, al advertir que no puede permitirse que aspiraciones personales se concreten bajo lógicas de mercado que vulneren derechos.
Por su parte, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), presidenta de la Comisión de Declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, indicó que la gestación subrogada atraviesa dimensiones complejas: autonomía reproductiva, interés superior de la niñez, protección de las mujeres y posibles contextos de explotación. Subrayó que el tema no puede abordarse sin análisis técnico ni perspectiva de derechos humanos.
Marco legal dispar en el país
En el foro se recordó que la regulación en México no es uniforme. Entidades como Tabasco y Sinaloa permiten esta práctica bajo ciertas condiciones, mientras que en Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí se prohíbe o no se reconocen estos acuerdos.
Las legisladoras señalaron que esta heterogeneidad normativa genera incertidumbre jurídica y puede propiciar escenarios de desprotección para las partes involucradas.
Posturas encontradas
Entre las ponencias, Valeria González Ruiz, del Early Institute, presentó el documento “La Explotación reproductiva en México”, en el que se plantea que la subrogación puede derivar en dinámicas de comercialización tanto del cuerpo de la mujer gestante como de los menores nacidos bajo este esquema.
Desde una perspectiva bioética, el maestro Marco Antonio García Triñaque afirmó que ninguna regulación es neutral cuando se trata del origen de la vida y que antes de legislar es necesario definir qué concepto de dignidad humana orientará la norma. También advirtió que el lenguaje empleado en el debate puede influir en la percepción pública del tema.
En contraste, Sofía Pérez Romero, directora general de Cibeles Abogados, consideró que la expresión “vientres de alquiler” es estigmatizante y propuso emplear “gestación por sustitución”. Señaló que, en caso de regularse, deben establecerse contratos claros y mecanismos que garanticen el consentimiento libre e informado de la mujer gestante, sin afectar su autonomía.
Participación plural y ruta legislativa
El foro contó con la asistencia de representantes de la administración pública, organizaciones civiles, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (campus Cuautitlán Izcalli) y autoridades municipales, entre ellas la presidenta del DIF de Otzolotepec.
El Congreso estatal no anunció una iniciativa específica, pero las legisladoras coincidieron en que el diálogo abierto es el punto de partida para definir posibles mecanismos de regulación, supervisión y protección de derechos.
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