Estados Unidos elevó nuevamente la presión sobre México por la actuación de funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales. En la determinación presidencial enviada al Congreso estadounidense, Donald Trump exigió “exponer, arrestar y procesar” a los servidores públicos corruptos que hayan ayudado a los cárteles y comprometido la soberanía del país.
Trump pone el foco en la corrupción política
El documento anual mantiene a México entre las 23 naciones identificadas como principales rutas de tránsito o productoras de drogas ilícitas.
Aunque la administración estadounidense reconoce avances del gobierno de Claudia Sheinbaum, como el incremento de decomisos, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el reforzamiento de la seguridad en la frontera norte, el señalamiento central apunta hacia otro frente: los funcionarios que presuntamente brindan protección a las organizaciones criminales.
La determinación sostiene que las inversiones actuales de México en materia de seguridad resultan insuficientes y plantea la necesidad de reforzar las inspecciones en los puntos de entrada, aumentar la participación del sector privado en las cadenas de suministro y emprender acciones concretas contra la corrupción relacionada con los cárteles.
El caso de Sinaloa aumenta la tensión
La exigencia estadounidense ocurre después de una serie de medidas adoptadas por Washington contra organizaciones delictivas mexicanas.
Desde 2025, la administración de Trump designó a varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Posteriormente, en abril de este año, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de nueve funcionarios y exfuncionarios estatales.
De acuerdo con esa acusación, los señalados habrían recibido apoyo de la facción conocida como Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, a cambio de protección. Estados Unidos solicitó su detención y extradición.
Rocha Moya negó las acusaciones, pidió licencia temporal y posteriormente retomó sus funciones como gobernador.
Cooperación contra los cárteles, pero presión por los políticos
En el ámbito operativo, México ha entregado a autoridades estadounidenses a decenas de integrantes de alto impacto de distintos grupos criminales. La cooperación entre ambos países también ha incluido acciones contra estructuras del narcotráfico.
El propio documento de Trump reconoce parte de esos resultados y menciona la cooperación bilateral que contribuyó a la eliminación de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida en febrero de este año.
Sin embargo, Washington mantiene la exigencia de actuar contra los funcionarios que presuntamente protegen a las organizaciones criminales.
Un reclamo directo a México
La determinación presidencial no establece sanciones inmediatas ni crea nuevas obligaciones legales para México. Se trata de una evaluación mediante la cual el gobierno estadounidense fija su postura sobre el combate al tráfico de drogas y la corrupción vinculada con el crimen organizado.
El mensaje dirigido a México es directo: para Estados Unidos, combatir a los cárteles no se limita a decomisar drogas, desmantelar laboratorios o detener integrantes de las organizaciones criminales.
La exigencia también alcanza a quienes, desde posiciones de poder, sean señalados por facilitar sus operaciones. Ese punto se ha convertido en uno de los principales focos de tensión dentro de la relación bilateral.
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