El Poder Judicial del Estado de México (PJEdoméx) firmó un convenio con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM) para implementar una metodología destinada a identificar riesgos de corrupción, revisar procedimientos internos y establecer mecanismos de prevención.
El acuerdo contempla la aplicación del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción 3.0 (MOGERIC), mediante el cual se buscará detectar vulnerabilidades administrativas e institucionales antes de que deriven en irregularidades.
La firma estuvo encabezada por Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Fernando Díaz Juárez, titular del Órgano de Administración Judicial, y Víctor Romero Maldonado, secretario técnico de la SESAEMM.
Cinco etapas para detectar riesgos
El modelo establece cinco fases de trabajo: identificación de riesgos, evaluación y análisis, priorización y atención, monitoreo y seguimiento, así como revisión sistemática para la mejora continua.
Díaz Juárez recordó que el Poder Judicial mexiquense participó anteriormente en una prueba piloto de esta metodología, cuyos resultados contribuyeron a desarrollar su versión 3.0.
Durante el acto, Macedo García explicó que el propósito no se limita a detectar posibles sobornos o pagos indebidos, sino que también comprende conductas relacionadas con el incumplimiento de responsabilidades, deficiencias en el desempeño institucional y atención inadecuada a la ciudadanía.
La implementación requerirá examinar los procedimientos de las distintas áreas judiciales y definir controles para atender los riesgos identificados.
Compromiso de cero tolerancia
El presidente del Tribunal Superior de Justicia señaló que este convenio dará continuidad al Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la Corrupción y al Cohecho, firmado previamente por los tres órganos del Poder Judicial estatal.
Sostuvo que las declaraciones institucionales deben traducirse en medidas permanentes y aseguró que existe disposición para recibir observaciones externas y someter los procesos al escrutinio público.
Por su parte, Óscar Bazán Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción estatal, destacó que la metodología permitirá documentar riesgos, establecer responsabilidades y dar seguimiento a las acciones preventivas.
En representación de Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, la magistrada Nancy Flores Mendoza subrayó que la coordinación entre los órganos judiciales será necesaria para aplicar los controles y mejorar la atención a quienes recurren a los tribunales.
Con la suscripción del convenio, el Poder Judicial mexiquense formalizó la adopción del MOGERIC 3.0. Su aplicación deberá desarrollarse mediante la revisión de procesos, la implementación de medidas preventivas y el seguimiento institucional de los riesgos detectados.
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