La consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, ha desatado un debate sobre los límites entre la protección de los públicos y la libertad de expresión.
La propuesta plantea mecanismos para fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información veraz, plural y oportuna, además de establecer vías para presentar quejas y ejercer el derecho de réplica. Sin embargo, organizaciones civiles, representantes de la industria y legisladores de oposición advierten que algunas disposiciones podrían propiciar autocensura, discrecionalidad gubernamental y presiones sobre los medios de comunicación.
¿Qué plantean los nuevos lineamientos?
El proyecto establece obligaciones para los concesionarios de radio, televisión abierta y televisión de paga, así como para las programadoras. Entre ellas se encuentran la elaboración de Códigos de Ética, la designación de Defensorías de Audiencias y la diferenciación entre contenidos noticiosos, opiniones y publicidad.
También contempla que las audiencias tengan acceso a información “veraz, plural y oportuna”, al tiempo que busca evitar la difusión de datos falsos o presentados fuera de contexto. A ello se suma la posibilidad de formular inconformidades y solicitar la rectificación correspondiente mediante mecanismos de réplica.
Uno de los puntos que mayor controversia ha generado es la intervención de la CRT cuando las recomendaciones de las Defensorías de Audiencias no sean atendidas, debido a que el incumplimiento podría derivar en sanciones.
Organizaciones alertan sobre posibles efectos
La organización Artículo 19 ha expresado preocupación por el alcance de algunas disposiciones. Su principal señalamiento se concentra en conceptos considerados ambiguos, como “información veraz” u “objetiva”, debido a que su interpretación podría dejar un margen amplio para determinar cuándo un contenido incumple con los lineamientos.
Leopoldo Maldonado, director regional de la organización, ha advertido que el riesgo no necesariamente radica en que una sanción llegue a concretarse. Desde su perspectiva, la posibilidad de enfrentar consecuencias económicas o administrativas podría ser suficiente para que periodistas y medios eviten determinados reportajes, temas o enfoques susceptibles de generar quejas.
Otro cuestionamiento se refiere a que una autoridad gubernamental pueda intervenir en la valoración de contenidos periodísticos, situación que, según esta postura, podría comprometer la independencia editorial.
La industria también cuestiona el esquema
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha planteado objeciones similares. El organismo considera que el proyecto deja espacio para que las autoridades determinen qué debe entenderse por información falsa o descontextualizada, lo que podría ampliar la discrecionalidad en la aplicación de las reglas.
La CIRT también cuestiona el papel que tendrían las Defensorías de Audiencias y advierte sobre la posibilidad de que quejas anónimas o artificiales sean utilizadas como mecanismos de presión contra periodistas y comunicadores.
A estas observaciones se suma el señalamiento sobre el régimen de sanciones. De acuerdo con las críticas al proyecto, algunas penalizaciones podrían alcanzar hasta 1 por ciento de los ingresos anuales, un nivel que, consideran, resultaría desproporcionado frente a incumplimientos administrativos como no designar a un defensor de audiencias o no contar con un Código de Ética.
Oposición advierte riesgo de censura
El debate también llegó al Senado de la República, donde legisladores de oposición han elevado sus críticas contra la propuesta.
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han utilizado expresiones como “ley mordaza” para describir el proyecto y han advertido que podría convertirse en un instrumento de presión sobre los medios.
Uno de sus principales argumentos parte del cambio en el esquema regulatorio del sector. Los legisladores sostienen que, al no contar la actual CRT con las mismas condiciones de autonomía que tuvo el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), existe un mayor riesgo de que las facultades previstas en los lineamientos sean utilizadas para condicionar contenidos críticos hacia el gobierno.
La consulta aún está abierta
Mientras las autoridades sostienen que el proyecto busca fortalecer la autorregulación y garantizar los derechos de las audiencias, las organizaciones críticas consideran necesario precisar los conceptos utilizados y establecer mayores contrapesos para evitar interferencias en las decisiones editoriales.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Luisa María Alcalde han defendido la propuesta bajo el argumento de que cada medio designaría a su propio defensor y que el esquema no tiene como finalidad censurar o imponer multas por los contenidos periodísticos.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto. Las observaciones que presenten medios, organizaciones, especialistas y ciudadanos serán parte del proceso para definir el alcance final de los lineamientos.
El punto central de la discusión será determinar cómo proteger los derechos de las audiencias sin convertir esa protección en un mecanismo capaz de limitar la independencia periodística o la libertad de expresión.
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