La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió la Recomendación 04/2026 al Ayuntamiento de Atlacomulco, tras concluir que servidores públicos municipales vulneraron diversos derechos humanos de una persona que fue asegurada por policías municipales y posteriormente presentada ante el Juzgado Cívico.
De acuerdo con la investigación del organismo, los hechos ocurrieron el 11 de febrero de 2024 y derivaron en la acreditación de violaciones relacionadas con el uso indebido de la fuerza, la privación ilegal de la libertad y diversas irregularidades durante el procedimiento administrativo.
Acreditan violaciones a derechos humanos
La CODHEM determinó que la víctima fue asegurada mientras se encontraba dentro de un vehículo en la vía pública, sin que existiera una justificación legal suficiente para la intervención policial.
Según el expediente, durante el aseguramiento la persona habría sido agredida físicamente y trasladada a instalaciones municipales, donde permaneció bajo custodia sin que se cumplieran plenamente las formalidades legales exigidas. Además, se detectó que no recibió información adecuada sobre sus derechos ni fue puesta de inmediato a disposición de la autoridad competente.
El organismo también señaló que no se realizó una valoración ni certificación médica inicial, pese a que la persona presentaba lesiones y a que este procedimiento forma parte de las garantías mínimas que deben observarse en casos de personas detenidas o aseguradas.
Detectan inconsistencias en la actuación oficial
Durante el análisis del caso, la Comisión encontró diferencias entre los informes elaborados por funcionarios municipales y otros elementos de prueba integrados al expediente, entre ellos testimonios, constancias médicas, actas circunstanciadas y documentación relacionada con la actuación policial y de justicia cívica.
A partir de estas evidencias, concluyó que fueron vulnerados derechos vinculados con la integridad personal, la legalidad y seguridad jurídica, el debido proceso administrativo, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad, así como el derecho a no ser objeto de una privación ilegal de la libertad.
Ordenan medidas de reparación para la víctima
Como parte de la recomendación, la CODHEM solicitó que el Ayuntamiento brinde atención psicológica y, en caso de ser necesario, psiquiátrica a la víctima, siempre con su consentimiento y bajo criterios de protección y trato digno.
Asimismo, pidió gestionar su incorporación al Registro Estatal de Víctimas para que pueda acceder a los mecanismos de apoyo, asistencia y reparación previstos por la legislación estatal.
Piden fortalecer seguridad pública y justicia cívica
Entre las medidas de no repetición, la Comisión recomendó capacitar al personal de seguridad pública y de justicia cívica en materia de derechos humanos, legalidad y actuación policial.
También planteó fortalecer la operación del Juzgado Cívico mediante la asignación de personal suficiente para garantizar atención permanente, verificar que los funcionarios cumplan con los requisitos legales para desempeñar sus cargos y mejorar las condiciones materiales y de infraestructura de las instalaciones.
De igual forma, solicitó revisar y reforzar los formatos y expedientes de control utilizados en los procedimientos de justicia cívica para asegurar una adecuada documentación de las actuaciones de la autoridad.
También piden investigar posibles responsabilidades
La recomendación contempla que se dé vista a las instancias competentes para analizar posibles responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos involucrados.
Para ello, la CODHEM pidió notificar a la Comisión del Servicio Profesional de Honor y Justicia, al Órgano Interno de Control y al Ministerio Público, con el fin de que determinen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones.
La Comisión reiteró que las corporaciones policiales y las autoridades de justicia cívica deben actuar bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana, y subrayó que ninguna actuación de la autoridad puede realizarse al margen de los derechos fundamentales de las personas.
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