El Congreso del Estado de México declaró formalmente aprobada la reforma constitucional que incorpora el derecho de las personas a la activación física, tras recibir el aval de la mayoría de los ayuntamientos de la entidad. Con ello, la modificación entra en vigor como parte del marco constitucional local.
Aval legislativo y respaldo municipal
La minuta fue aprobada previamente por el Pleno legislativo el 3 de diciembre de 2025 y, conforme al procedimiento constitucional, fue enviada a los municipios para su validación. Al alcanzarse la mayoría requerida, el Congreso mexiquense confirmó la reforma durante una sesión de la Diputación Permanente.
La iniciativa se originó en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello.
Alcance del nuevo derecho constitucional
Con esta reforma, la activación física se incorpora de manera expresa a la Constitución del Estado de México, sumándose a los derechos ya reconocidos de cultura física y práctica del deporte. La promoción, fomento y estímulo de estos derechos queda a cargo del Estado, en coordinación con otros actores públicos y privados.
El objetivo central es establecer una base jurídica que respalde políticas públicas orientadas a incentivar la actividad física como parte del desarrollo integral de la población.
Cambios a leyes secundarias
El dictamen, leído por la diputada Miriam Silva Mata (PVEM), incluyó adecuaciones a la Ley de la Juventud del Estado de México y a la Ley de Cultura Física y Deporte, con el fin de armonizar la legislación secundaria con el nuevo mandato constitucional.
Entre los principales ajustes se reconoce el derecho de las juventudes a realizar actividades recreativas y a contar con espacios adecuados que favorezcan un uso positivo y productivo del tiempo libre.
Enfoque en salud e inclusión
La reforma también establece el derecho a recibir, por parte de las autoridades, información y valores orientados al cuidado, desarrollo y preservación de la salud física y mental, tanto en el ámbito individual como colectivo, bajo un principio de inclusión.
Asimismo, se asigna responsabilidad a autoridades estatales y municipales, así como al sector privado, para promover que las instituciones deportivas garanticen igualdad, accesibilidad y no discriminación en las actividades físicas.
Profesionalización y participación
Otro de los ejes relevantes es el impulso a la especialización del personal encargado de actividades físicas y deportivas, con el propósito de asegurar una atención profesional que permita la participación plena y el desarrollo de las capacidades de las personas.
Con esta reforma, el Estado de México amplía su catálogo de derechos constitucionales y establece nuevas bases legales para la promoción de la activación física como un componente del bienestar social.
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