El Congreso del Estado de México dio un paso relevante en la discusión de reformas constitucionales en materia de seguridad pública, al aprobar en comisiones una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que amplía la participación de las instituciones de seguridad en la investigación de delitos, bajo la conducción del Ministerio Público.
Participación de policías en la investigación de delitos
Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Seguridad Pública y Tránsito de la LXII Legislatura mexiquense avalaron el dictamen que permite que, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales intervengan de manera formal en las tareas de investigación del delito.
El objetivo central es fortalecer la coordinación interinstitucional y armonizar la Constitución local con la Constitución federal y con la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Hacia un modelo integral de seguridad pública
Legisladores de morena, PT y PRD coincidieron en que la reforma contribuye a consolidar un modelo de seguridad coordinado e integral, al superar esquemas fragmentados y reactivos. Desde esta perspectiva, se busca que la seguridad pública sea atendida como un fenómeno complejo que requiere acciones conjuntas de todo el Estado.
Durante la discusión, se destacó que el nuevo marco permitiría una mayor articulación entre investigación, inteligencia y operación policial, con base en las disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Posturas legislativas y observaciones
Desde la bancada de morena, se señaló que la reforma fortalece a la Secretaría de Seguridad y se planteó la necesidad de mantener comunicación constante con su titular para dar seguimiento a indicadores como percepción de inseguridad, incidencia delictiva y extorsión.
También se subrayó que el dictamen dota de mayores facultades y herramientas en materia de seguridad e inteligencia, al tiempo que establece medidas para la protección de datos personales, con el fin de evitar su uso indebido por parte de la delincuencia.
Por su parte, el PT consideró que la iniciativa deja atrás una visión limitada de la seguridad pública y consolida un enfoque más amplio e integral. Desde Movimiento Ciudadano se reconoció que la reforma podría contribuir a reducir la impunidad, al permitir que las carpetas de investigación se integren con mayor oportunidad, aunque se advirtió la ausencia de una instancia estatal específica para regular el acceso a datos sensibles.
El PRD señaló que uno de los principales obstáculos para la paz pública ha sido la fragmentación de esfuerzos, por lo que consideró indispensable avanzar hacia una coordinación interinstitucional real y efectiva.
Alcances constitucionales y enfoque de derechos
El dictamen contempla que la seguridad pública incluya también la supervisión de la prisión preventiva, la ejecución de sentencias y la reinserción social de las personas sentenciadas. Asimismo, incorpora un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, al priorizar la prevención, investigación y sanción de las violencias, así como la protección de la dignidad de las personas y la atención diferenciada a grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, se establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por principios como el federalismo cooperativo, la protección de la persona y su dignidad, y el respeto al marco constitucional.
Visión del Ejecutivo estatal
Representantes del gobierno estatal señalaron que la reforma responde a un mandato nacional y busca dar certeza jurídica a la participación de la Secretaría de Seguridad en tareas de investigación e inteligencia. También se destacó que la iniciativa pretende coordinar las facultades concurrentes de la federación, el estado y los municipios, con el fin de construir un nuevo panorama en materia de investigación del delito y seguridad pública en el Estado de México.
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