El Congreso del Estado de México inició el análisis de una iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados, una propuesta que busca establecer un marco integral para enfrentar este delito y fortalecer las acciones institucionales en la entidad.
Un enfoque integral contra la extorsión
La iniciativa plantea regular de manera coordinada la prevención, persecución y sanción de la extorsión, así como de otros delitos relacionados, con el objetivo de reforzar la seguridad, la integridad y el patrimonio de las personas. El planteamiento sitúa a la víctima en el centro de la acción del Estado y propone un enfoque jurídico integral que articule medidas preventivas, de protección y de combate al delito.
El proyecto también incluye modificaciones al Código Penal estatal y a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la finalidad de armonizar la legislación local con el marco nacional vigente y los estándares en materia de derechos humanos.
Coordinación institucional y enfoque de derechos humanos
De acuerdo con el documento presentado ante el Congreso, la nueva normatividad prioriza el principio pro persona, establecido en el artículo 1 de la Constitución federal. Esto implica que las instituciones de seguridad y procuración de justicia deberán actuar bajo criterios que favorezcan la mayor protección posible a las personas, además de coordinarse con autoridades federales, estatales y municipales para implementar una estrategia conjunta.
El análisis legislativo también considera la necesidad de alinear las acciones estatales con el modelo nacional de combate a la extorsión, evitando duplicidades normativas y garantizando coherencia jurídica.
Creación de un Consejo Estatal especializado
Entre los ejes centrales de la iniciativa se encuentra la propuesta de crear el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, concebido como un órgano colegiado permanente. Este Consejo tendría funciones de planeación estratégica, seguimiento y evaluación de políticas públicas, además de servir como espacio de vinculación interinstitucional y rendición de cuentas.
La propuesta contempla la participación de municipios, así como el acompañamiento de sectores sociales y académicos, con el objetivo de asegurar una respuesta transversal y coordinada frente a este fenómeno delictivo.
Atención a denuncias y reducción de la cifra negra
La iniciativa prevé el fortalecimiento de los mecanismos de atención y canalización de denuncias, mediante la creación de un Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad estatal. Asimismo, se plantea implementar una Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, orientada a inhibir la comisión del delito, reducir la cifra negra y generar mayor confianza institucional.
Estas acciones buscan ofrecer una respuesta especializada y oportuna frente a las distintas modalidades de extorsión, además de fomentar la cultura de la denuncia, especialmente en sectores y regiones con mayor incidencia.
Otro punto relevante es la creación de la Fiscalía Central Especializada en Combate a los Delitos de Extorsión, Delitos Vinculados y Secuestro. Esta instancia contaría con personal capacitado y evaluado conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de fortalecer la investigación y persecución de estos delitos de alto impacto.
Armonización con la legislación federal
La propuesta legislativa subraya la necesidad de respetar el marco constitucional federal, que otorga al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para tipificar el delito de extorsión. En ese sentido, se plantea derogar el artículo 199 Bis del Código Penal estatal, para evitar problemas de concurrencia de delitos y asegurar la correcta armonización con la Ley General en la materia.
El documento aclara que las entidades federativas pueden regular aspectos de coordinación, prevención y persecución, pero no modificar ni ampliar los tipos penales definidos a nivel federal, lo que refuerza el carácter complementario de la iniciativa estatal.
El Congreso mexiquense continuará con el análisis de la propuesta en comisiones, donde se evaluará su alcance jurídico e institucional. El proceso legislativo definirá si la iniciativa avanza hacia su aprobación y, en su caso, cómo se implementarán las nuevas estructuras y mecanismos planteados para enfrentar la extorsión en el Estado de México.
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