Toluca, Estado de México, 29 de agosto de 2025.– En comisiones legislativas, diputadas y diputados del Congreso del Estado de México iniciaron el análisis de la propuesta para expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por los coordinadores parlamentarios de morena, PVEM y PT.
El planteamiento busca consolidar la reestructura del Poder Judicial, en un contexto en el que sus nuevos integrantes asumirán funciones el próximo 5 de septiembre, tras la primera elección popular de jueces y magistrados realizada en junio pasado.
Durante la reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia, legisladores de distintas fracciones parlamentarias expresaron posturas diversas:
- morena: Los diputados Carlos Antonio Martínez Zurita y Martha Azucena Camacho señalaron que la iniciativa responde a un mandato constitucional y al voto ciudadano, además de que es necesaria para fortalecer la confianza en la justicia y dar paso a una nueva etapa institucional.
- PVEM: Las diputadas Itzel Pérez y Miriam Silva se pronunciaron por un sistema judicial imparcial y reconocieron que la propuesta puede perfeccionarse, al sugerir ajustes como la rotación en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
- PT: La legisladora Ana Yurixi Leyva consideró que el proyecto requiere más tiempo de análisis, a fin de garantizar imparcialidad, certeza y transparencia en la impartición de justicia.
- PRI: El diputado Eduardo Zarzosa demandó que el proceso respete la deliberación democrática y los derechos de participación de todas las bancadas.
- MC: La diputada Ruth Salinas expresó su rechazo a que la iniciativa avance con rapidez y cuestionó que su construcción haya provenido del oficialismo, lo que, dijo, podría derivar en un “sistema judicial a modo”.
De acuerdo con lo expuesto, la propuesta contempla la creación de dos nuevas instancias: el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, busca actualizar el régimen de responsabilidades administrativas y las conductas consideradas como infracciones por parte de servidores públicos del Poder Judicial, incluidas juezas, jueces, magistradas y magistrados. También establece criterios sobre licencias y ausencias.
Los legisladores coincidieron en que el debate deberá nutrirse con las aportaciones de los siete grupos parlamentarios representados en la Legislatura, con el fin de construir un marco legal que garantice confianza y legitimidad en el sistema judicial mexiquense.
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