Octavio Martínez propone regular los arrendamientos públicos.
· El diputado Octavio Martínez (morena) sugirió que, al rentar propiedades, el gobierno estatal y los municipales aseguren que las ofertas incluyan aspectos como el precio, la eficiencia energética, la accesibilidad, la sustentabilidad y condiciones que propicien ahorros en el gasto del estado.
· La propuesta tiene como objetivo que, si los comités de adquisiciones de las dependencias y municipios advierten que el precio ofrecido se basa en avalúos falsificados o elaborados sin seguir los criterios técnicos que corresponden, la entidad que hace la convocatoria descarte la oferta.
· Octavio Martínez solicitó a Gobierno de México que examine las acciones de la FGJEM.
Con el fin de reestructurar, hacer más transparentes y equilibrar las condiciones en que los gobiernos estatal y municipales alquilan propiedades para realizar sus funciones, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) planteó que en los procesos de arrendamiento, las propuestas consideren no solo el precio, sino también criterios como la eficiencia energética, la accesibilidad, la sustentabilidad y condiciones para generar ahorros en el gasto público.
El proyecto de ley, presentado a la Diputación Permanente de la LXII Legislatura del Estado de México, señala que los gobiernos estatal y municipales —que actualmente alquilan más de 600 propiedades para contar con la infraestructura necesaria para su operación— se ven obligados a contratar espacios a costos superiores a la inflación, lo que provoca presión sobre el gasto corriente y limita la capacidad de inversión en infraestructura, programas sociales y servicios públicos.
Para enfrentar esta situación, el legislador propone modificar la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, estableciendo que cuando los comités de adquisiciones de las dependencias y municipios detecten que el precio ofrecido se basa en avalúos falsos o realizados sin seguir los criterios técnicos correspondientes, la entidad que convoca debe descartar la oferta y notificar a la instancia correspondiente para que se tomen las acciones administrativas o sanciones pertinentes.
Asimismo, se sugiere que la Oficialía Mayor, las dependencias, las entidades, los organismos autónomos constitucionales, los tribunales administrativos, los ayuntamientos y los organismos auxiliares eviten recibir propuestas o celebrar contratos con individuos o empresas que, en procesos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados al uso de oficinas públicas, incurran en prácticas de precios inflados, simulación de avalúos o incumplimiento de las condiciones de mantenimiento y seguridad de los inmuebles.
Con esta propuesta, se facultaría a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México a establecer, además de las políticas y normas técnicas y administrativas en la materia, las directrices necesarias para el cumplimiento de la ley mencionada.
Al presentar la propuesta, Martínez Vargas afirmó que al contratar alquileres existen precios sobrecargados, probablemente en complicidad con administradores de la anterior administración que firmaron contratos más allá de su periodo, cuando la ley estipula que ninguna autoridad puede firmar un convenio fuera de su mandato.
Destacó que en Toluca hay costos de arrendamiento de propiedades que, por la misma superficie, son más altos que los precios en ciudades como París, Miami o Nueva York.
Solicita Octavio Martínez que se investigue la actuación de la FGJEM.
El diputado Octavio Martínez Vargas (morena) solicitó al Gobierno de la República que se lleve a cabo una investigación sobre el director de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), debido a las detenciones de funcionarios vinculados a administraciones estatales y municipales, ya que afirmó que estos incidentes debieron haber sido detectados por las indagaciones de dicho organismo.
En la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de México, el legislador hizo mención de las detenciones hechas por las autoridades federales de Lino ‘N’, quien fue arrestado el 2 de julio de 2026, acusado de su posible participación en delitos como el secuestro y la delincuencia organizada, y que ocupaba el cargo de coordinador general de Gobierno en la región sur-sureste del Estado de México; así como de Santos ‘N’, capturado el 3 de julio de 2026 por presuntos lazos con la delincuencia organizada, quien había sido alcalde de Otzolotepec en tres ocasiones.
En este contexto, Martínez Vargas planteó preguntas sobre quién fue el responsable de contratar y proponer al exfuncionario estatal para un puesto tan importante en materia de gobernabilidad del Estado. También cuestionó por qué la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que llevar a cabo las investigaciones que, según su opinión, no realizó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Asimismo, pidió que se indaguen los casos de alcaldes, alcaldesas, exalcaldes y exalcaldesas de la entidad mexiquense que supuestamente están relacionados con diferentes delitos.
En particular, mencionó el caso del municipio de Ecatepec durante la gestión del entonces alcalde y actual diputado federal Luis Fernando Vilchis Contreras, señalando que sigue esperando respuestas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre las indagaciones que resultaron de la denuncia presentada por presuntas irregularidades financieras.
Finalmente, hizo un llamado a los miembros de la LXII Legislatura del Estado de México para que refuercen su trabajo legislativo con el fin de apoyar el Estado de derecho, el cumplimiento del Plan de Desarrollo del Estado de México y la lucha contra la corrupción.
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