Toluca, Méx., 5 de agosto de 2025 — El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXII Legislatura del Estado de México presentó una iniciativa para reformar el Código Financiero estatal, con el objetivo de impulsar la empleabilidad de mujeres en proceso de reinserción social. La propuesta plantea exentar del impuesto sobre nóminas a aquellas empresas que contraten a mujeres egresadas del sistema penitenciario.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, el diputado Carlos Alberto López Imm (PVEM) explicó que la medida busca incentivar la inclusión laboral de un sector de la población que enfrenta discriminación estructural y múltiples obstáculos para reinsertarse plenamente en la sociedad. La iniciativa fue promovida por la bancada que coordina el legislador José Alberto Couttolenc Buentello.
De acuerdo con el planteamiento, la exención fiscal se aplicaría únicamente cuando la relación laboral tenga una duración mínima de seis meses y la contratación cumpla con las disposiciones laborales vigentes en la entidad. Se considera que esta condición garantiza estabilidad y protege los derechos de las trabajadoras beneficiadas.
El documento destaca que, según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2024 del INEGI, en el Estado de México hay 4 mil 278 mujeres privadas de la libertad, lo que representa el 6 por ciento de la población penitenciaria. El resto —67 mil 711 personas— son hombres.
Además, la iniciativa retoma hallazgos del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la organización Equis: Justicia para las Mujeres A.C., que señalan que muchas mujeres en prisión provienen de contextos de pobreza, marginación y violencia. Antes de ser privadas de su libertad, una proporción importante se dedicaba al trabajo doméstico no remunerado o al comercio informal.
Entre los beneficios señalados por la propuesta legislativa se encuentran: la disminución de la reincidencia delictiva, el fortalecimiento de la seguridad pública, el impulso a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el cumplimiento del mandato constitucional de reinserción social efectiva y la promoción del empoderamiento femenino.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen.
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