El Congreso del Estado de México trabaja en la revisión de tres iniciativas y un punto de acuerdo para fortalecer el marco legal contra el despojo de inmuebles, un delito que ha registrado un aumento en las denuncias. Las propuestas, presentadas por los grupos parlamentarios de Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), buscan agravar las penas, mejorar la atención a víctimas y establecer estrategias integrales para prevenir y sancionar este ilícito.
El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, destacó que el tema es prioritario para la LXII Legislatura. Subrayó la importancia de que la ciudadanía mantenga en regla la documentación de sus propiedades para facilitar la denuncia de estos delitos. Actualmente, el Código Penal del Estado de México tipifica el despojo con penas de uno a cinco años de prisión y multas de 30 a 125 días, pero el incremento de casos ha impulsado la necesidad de actualizar el marco legal.
Entre las iniciativas, el diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) propuso clasificar el despojo como delito grave, con penas de cinco a diez años de cárcel en casos que involucren a personas adultas mayores, violencia física, rompimiento de cerraduras, intimidación, engaño, abuso de confianza o uso ilegítimo de la fuerza pública sin orden judicial válida. Además, plantea agilizar los procedimientos judiciales para restituir la posesión a quienes acrediten la propiedad del inmueble.
Por su parte, el legislador José Miguel Gutiérrez Morales (Morena) sugirió penas de hasta 17 años de prisión y multas de hasta 678 mil 840 pesos para quienes dirijan o sean autores intelectuales de invasiones. Su propuesta amplía los supuestos del delito, incluyendo el desvío o uso indebido de aguas y actos que lesionen derechos legítimos sobre este recurso.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Ruth Salinas Reyes propuso sanciones de hasta 25 años de prisión y 500 días de multa, con agravantes para casos que afecten a personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad, así como predios destinados a vivienda, explotación agrícola o áreas naturales protegidas. También contempla castigos para servidores públicos que instiguen o participen en el despojo.
En cuanto al punto de acuerdo, la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI) exhortó a la Secretaría de Seguridad estatal a diseñar una estrategia interinstitucional en coordinación con los gobiernos federal, municipales, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial. Esta incluye campañas informativas, asesoría jurídica, operativos de vigilancia, capacitación a policías y la creación de una unidad especializada en la Fiscalía para atender denuncias de manera inmediata y profesional.
Las iniciativas podrían discutirse en un periodo extraordinario, dado el consenso entre los grupos parlamentarios sobre la urgencia de proteger el patrimonio de la población y combatir el despojo en el Estado de México, especialmente en el Valle de México.
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