En un avance significativo para los derechos de las mujeres, las comisiones unidas de la LXII Legislatura del Estado de México han dado luz verde a una serie de reformas que buscan garantizar la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y el acceso a un trabajo digno para todas las mujeres. Estas iniciativas, impulsadas por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y respaldadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, marcan un hito en la lucha por la equidad de género en la entidad.
El núcleo de estas reformas incluye la creación de una fiscalía especializada dedicada a atender a mujeres víctimas de delitos por razón de género. Esta nueva institución tendrá la responsabilidad de investigar, coordinar y, en su caso, ejercer acción penal en casos de violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias, feminicidio, homicidio de mujeres y otros delitos relacionados, siempre con un enfoque de perspectiva de género. La propuesta busca no solo sancionar, sino también prevenir y garantizar el acceso a la justicia para las afectadas, priorizando las necesidades específicas de mujeres, adolescentes, niñas y niños.
Durante la discusión en comisiones, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, de Morena, quien presidió la reunión, celebró el consenso alcanzado entre los diferentes grupos parlamentarios. “Es un momento de unidad para transformar la realidad de las mujeres en el estado”, afirmó. Por su parte, la legisladora Zaira Cedillo Silva, también de Morena, subrayó la urgencia de estas medidas: “No podemos seguir normalizando que las mujeres vivan con miedo; la igualdad sustantiva debe llegar a todas, sin excepción”.
Las reformas, que modifican la Constitución estatal, la Ley de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establecen además que el Estado debe garantizar un salario igual por trabajo igual, consolidando así el principio de no discriminación en el ámbito laboral. Asimismo, se refuerza la coordinación entre el ministerio público y las instituciones policiales para alinear sus esfuerzos bajo un enfoque integral que priorice la prevención y la seguridad pública con perspectiva de género.
Desde la bancada de Morena, las diputadas Brenda Colette Miranda Vargas e Itzel Daniela Ballesteros Lule destacaron el carácter histórico de estas reformas. “Estamos ante un paso decisivo para construir un marco normativo que haga de la igualdad una realidad tangible, no solo en el acceso a cargos públicos, sino también en la impartición de justicia y la seguridad”, coincidieron. Para ellas, esta iniciativa trasciende lo legal y se convierte en un nuevo pacto social con las mujeres y las infancias, un compromiso con las generaciones futuras.
El legislador Vladimir Hernández Villegas, también de Morena, añadió que estas reformas reflejan el liderazgo transformador de la gobernadora Delfina Gómez, quien, según él, está sentando las bases para una sociedad más igualitaria. Por el lado del PVEM, la diputada Itzel Guadalupe Pérez Correa celebró que la aprobación responde al clamor histórico de las mujeres por un reconocimiento pleno y equitativo. Durante el debate, la parlamentaria Paola Jiménez Hernández propuso un ajuste clave: sustituir el término “observar” por “garantizar”, reforzando así el compromiso del Estado.
Otro aspecto relevante de las reformas es el énfasis en la paridad de género en los nombramientos de la administración pública municipal. Los ayuntamientos deberán asegurar que las designaciones cumplan con este principio, fortaleciendo la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones.
Este conjunto de cambios legislativos no solo busca proteger a las mujeres frente a la violencia, sino también empoderarlas en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Con la creación de la fiscalía especializada y el reforzamiento de los deberes del Estado, el Estado de México se posiciona como un referente en la construcción de políticas públicas con enfoque de género. Sin duda, estas reformas representan un avance esperanzador hacia una sociedad más justa, donde la igualdad sustantiva deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad cotidiana.
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