Donald Trump Designa Oficialmente como «Terroristas» a Seis Cárteles del Narcotráfico, Algunos con Operaciones en el Estado de México
En un movimiento sin precedentes que promete redefinir la lucha contra el crimen organizado en el hemisferio occidental, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este 19 de febrero de 2025 una orden ejecutiva que designa oficialmente a seis cárteles del narcotráfico mexicanos como «organizaciones terroristas extranjeras». Esta medida, anunciada desde la Casa Blanca, incluye a grupos con fuerte presencia en diversas regiones de México, varios de los cuales operan activamente en el Estado de México, una de las entidades más pobladas y estratégicas del país.
Los cárteles señalados por la administración Trump son: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos. Esta designación no solo eleva la presión sobre estas organizaciones criminales, sino que también otorga al gobierno estadounidense nuevas herramientas legales y operativas para combatirlas, incluyendo sanciones económicas, operaciones de inteligencia y, potencialmente, acciones militares en territorio extranjero.
El Estado de México, con su cercanía a la capital del país y su importancia como corredor logístico, ha sido durante años un punto clave para las actividades de varios de estos cárteles. La Familia Michoacana, por ejemplo, tiene una presencia histórica en la región, especialmente en municipios del sur como Tejupilco, Luvianos y Valle de Bravo, donde se le ha vinculado con extorsión, secuestros y el control de rutas de trasiego de drogas. Este grupo, que en su momento fue considerado debilitado, ha resurgido en los últimos años, diversificando sus actividades hacia el tráfico de fentanilo y la explotación de negocios locales.
Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos y expansivos de México, también ha extendido sus tentáculos al Estado de México. Informes de seguridad indican que el CJNG ha buscado establecerse en zonas como el Valle de Toluca y el oriente del estado, compitiendo con otras organizaciones por el control de plazas y el mercado de narcóticos. Su sofisticación operativa, que incluye el uso de drones y armamento de alto calibre, lo convierte en una amenaza significativa no solo para la seguridad local, sino también para los intereses estadounidenses, según la narrativa de la Casa Blanca.
Cárteles Unidos, una coalición de grupos menores que opera principalmente en Michoacán, también ha sido detectada en el Estado de México, particularmente en áreas limítrofes donde busca expandir su influencia. Aunque su alcance es menor en comparación con el CJNG o el Cártel de Sinaloa, su inclusión en la lista de Trump subraya la preocupación por la fragmentación y proliferación de organizaciones criminales en la región.
La decisión de Trump de clasificar a estos cárteles como terroristas tiene implicaciones profundas tanto para México como para Estados Unidos. Bajo esta categoría, cualquier persona o entidad que colabore con ellos, incluso de manera indirecta, podría ser acusada de apoyar el terrorismo, lo que incluye desde productores locales que paguen extorsiones hasta empresas que, sin saberlo, faciliten sus operaciones financieras. Además, la medida permite a Washington congelar activos, imponer restricciones de viaje y coordinar esfuerzos internacionales para desmantelar las redes de estos grupos.
En el ámbito diplomático, la designación ha generado tensiones con el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que México defenderá su soberanía ante cualquier intento de intervención extranjera. “Cooperaremos, pero no nos subordinaremos”, afirmó Sheinbaum en un mensaje reciente, dejando claro que el país buscará mantener el control de su estrategia de seguridad.
Para el Estado de México, esta situación podría traducirse en un incremento de la presión por parte de las autoridades federales mexicanas para demostrar resultados en el combate a estos cárteles, especialmente en un contexto donde la violencia ha escalado en regiones cercanas a la capital. Sin embargo, expertos advierten que la etiqueta de «terroristas» podría complicar las dinámicas locales, al estigmatizar a comunidades enteras y dificultar la inversión extranjera en zonas ya golpeadas por la inseguridad.
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