En un esfuerzo por resguardar la agricultura y los ecosistemas frente a los efectos impredecibles de las tecnologías que alteran el clima, la LXII Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma pionera. Esta nueva regulación exige permisos obligatorios para el uso de sistemas antigranizo, avionetas antilluvia o cualquier herramienta que interfiera con el ciclo natural del agua. Quienes incumplan esta norma enfrentarán multas que podrían alcanzar los seis millones 222 mil 700 pesos, equivalentes a 55 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La iniciativa, que fusiona propuestas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Isaac Josué Hernández Méndez (PT), la legisladora Leticia Mejía García (PRI) y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, responde a una demanda urgente: proteger al campo mexiquense de los daños causados por la modificación artificial de los patrones de lluvia. Durante la sesión, el diputado Carlos Alberto López Imm (PVEM) resaltó que esta medida atiende un clamor ciudadano y aplaudió la sensibilidad de la gobernadora por priorizar un tema que resonaba entre los habitantes. Por su parte, Hernández Méndez destacó que la reforma trae justicia a los campesinos, un sector históricamente ignorado, mientras que Mejía García celebró que el estado se coloque a la vanguardia nacional al ser el primero en regular estas prácticas.
Con esta reforma al Código para la Biodiversidad, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible adquiere un rol clave. Ahora tiene la autoridad para controlar la emisión de cualquier sustancia o forma de energía que contamine la atmósfera —desde gases y partículas hasta ruidos o vibraciones— y que pueda desestabilizar los ecosistemas, afectar la biodiversidad o alterar la disponibilidad de agua. Además, en colaboración con los municipios, deberá mantener un registro actualizado de las fuentes contaminantes y de los proveedores de tecnologías relacionadas, así como un sistema público de información basado en los permisos otorgados.
La reforma también abre la puerta a la participación ciudadana. Tanto las personas directamente afectadas como las organizaciones sociales con interés acreditado podrán presentar observaciones y propuestas ante la Comisión de Impacto Estatal, un organismo encargado de evaluar los impactos de proyectos en áreas como medio ambiente, agua, movilidad y desarrollo urbano. Este enfoque busca equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de la naturaleza y las comunidades.
En los próximos pasos, la Secretaría del Campo, junto con las secretarías del Agua y del Medio Ambiente, trabajará en una Norma Técnica Estatal para detallar cómo se aplicarán estas reglas. Con esta decisión, el Estado de México no solo protege su riqueza agrícola y natural, sino que también marca un hito en la regulación ambiental, demostrando que es posible armonizar progreso y sostenibilidad.
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