En el corazón de Toluca, la capital del Estado de México, este lunes 10 de febrero de 2025, se desarrolló una manifestación inusual y urgente. Decenas de barberos, propietarios y trabajadores de barberías y estéticas de la región se congregaron frente al Palacio de Gobierno para protestar contra lo que ellos describen como una práctica ilegal y abusiva por parte de algunos agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) durante el denominado Operativo Atarraya.
El Operativo Atarraya, lanzado con la intención de desarticular puntos de venta y consumo de drogas, así como de combatir la actividad criminal asociada a estos locales, ha generado una controversia significativa después de que varios videos comenzaron a circular en redes sociales. En estas grabaciones, se puede observar a presuntos agentes de la fiscalía mexiquense realizando lo que parece ser una «siembra» de drogas en barberías antes de proceder con los cateos.
Estos videos, capturados por cámaras de seguridad de los propios establecimientos, muestran momentos en los que individuos, identificados como parte de la fuerza policial, depositan sustancias sospechosas en áreas estratégicas de las barberías, como rincones y baños, para luego justificar las clausuras y detenciones bajo la acusación de narcomenudeo. Las barberías afectadas, muchas de las cuales operaban legalmente y sin antecedentes de actividades ilícitas, han sido cerradas, dejando a sus dueños y empleados en una situación económica precaria.
La protesta de este lunes no fue solo un clamor por la injusticia percibida sino también una demanda por justicia y transparencia. Los manifestantes, con pancartas en mano y voces alzadas, exigieron la reapertura de sus negocios y la investigación de las prácticas de los agentes implicados. «Nosotros somos trabajadores honestos, no narcos. Queremos trabajar con dignidad, no ser criminalizados por un operativo mal ejecutado», declaró uno de los barberos en el lugar, reflejando el sentimiento general de la protesta.
Desde las plataformas digitales, las reacciones no se han hecho esperar. Los videos han sido compartidos miles de veces, generando debates sobre la legalidad y ética de las tácticas empleadas por las fuerzas de seguridad. Las publicaciones en redes sociales no solo han servido como una herramienta de denuncia sino también como un catalizador para la organización de la comunidad afectada, que ha visto en estas evidencias un claro abuso de autoridad.
La FGJEM, por su parte, ha respondido a estas acusaciones indicando que se ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos, asegurando que solo tres de los más de 400 establecimientos revisados mostraron irregularidades en los procedimientos. Sin embargo, para los afectados y la opinión pública, estas acciones tardías no compensan el daño ya hecho a la reputación y economía de muchas de estas pequeñas empresas.
Este incidente abre un debate más amplio sobre las prácticas de seguridad pública, la necesidad de reformas en las operaciones de inteligencia y la importancia de proteger los derechos de los ciudadanos, incluso en el combate contra el crimen organizado. La comunidad espera que estas acciones no solo sean investigadas sino que resulten en cambios significativos en la metodología y supervisión de los operativos policiales.
Mientras tanto, en Toluca y el Estado de México, la lucha de los barberos por justicia y dignidad laboral continúa, con la esperanza de que su voz no se pierda en el clamor general, sino que conduzca a una mayor transparencia y equidad en las acciones de las fuerzas del orden.
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