En plena crisis institucional por investigaciones de presuntas irregularidades en contrataciones públicas y tras la renuncia de Guadalupe Taddei, el Instituto Nacional Electoral (INE) sufrió un recorte de 6 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, aprobado esta semana por la Cámara de Diputados.
La decisión forma parte de un paquete de gasto público por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, autorizado durante la madrugada del miércoles con 352 votos a favor y 130 en contra, después de una discusión legislativa de casi 20 horas.
La reducción al organismo electoral fue uno de los principales puntos de controversia, especialmente porque el próximo año deberá organizar la renovación de la Cámara de Diputados y coordinarse con las autoridades locales para los procesos electorales concurrentes.
Investigaciones por contratos rodean al INE
El ajuste presupuestario ocurre semanas después de que el Órgano Interno de Control (OIC) del instituto documentara investigaciones relacionadas con posibles irregularidades administrativas y contrataciones realizadas durante la gestión de Taddei.
De acuerdo con información remitida a la Cámara de Diputados, se abrieron 41 procedimientos de investigación, que involucran a 23 personas, entre ellas 15 empleados o exservidores públicos del INE, así como a 18 empresas.
Las indagatorias comprenden posibles conflictos de interés y anomalías en procedimientos de contratación. Paralelamente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó sobre una investigación de oficio relacionada con estos señalamientos.
En ese contexto, Taddei presentó su renuncia a finales de octubre y Blanca Yassahara Cruz García asumió provisionalmente la presidencia del instituto.
Las investigaciones continúan sujetas a los procedimientos correspondientes, por lo que los señalamientos no constituyen todavía una determinación definitiva de responsabilidad.
INE advierte posibles cancelaciones de programas
Tras la aprobación del presupuesto, el consejero electoral Martín Faz Mora reconoció este jueves que la reducción de recursos obligará a modificar la operación institucional.
Entre las actividades susceptibles de afectación mencionó programas de educación cívica, participación política de las mujeres y monitoreo de medios, además de posibles incrementos en la carga laboral del personal.
No obstante, aseguró que la organización de las elecciones federales de 2027 está garantizada gracias a la capacidad técnica y operativa del Servicio Profesional Electoral Nacional.
La presidenta provisional del INE también ha señalado que se revisarán los proyectos institucionales para identificar cuáles pueden posponerse, procurando mantener los servicios ciudadanos y la instalación de casillas conforme a la legislación.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que existen condiciones para celebrar los comicios y anteriormente planteó la necesidad de revisar los costos de los contratos y servicios electorales.
¿A dónde fueron los recursos retirados?
La Cámara de Diputados redistribuyó los 6 mil millones de pesos entre diferentes programas federales.
La mitad, 3 mil millones de pesos, se destinó a La Escuela es Nuestra. Otros mil millones fueron asignados a medio ambiente y 700 millones a la Agencia Federal de Aviación Civil.
El resto se distribuyó entre educación inicial, atención a mujeres, búsqueda de personas desaparecidas y turismo.
Entre las partidas cuestionadas se encuentran aproximadamente 618 millones de pesos para educación inicial, relacionados con programas que incluyen Centros de Desarrollo Infantil vinculados al Partido del Trabajo.
Otra asignación que provocó diferencias entre legisladores fue la de 6 mil 500 millones de pesos para infraestructura hidráulica en Jalisco, en medio de señalamientos políticos sobre las negociaciones presupuestarias.
Presupuesto de 10.6 billones también genera críticas por deuda
El PEF 2027 representa un incremento real de 1.3% respecto al ejercicio anterior e incluye recursos para pensiones, salud, educación, programas sociales e infraestructura.
Sin embargo, contempla un déficit presupuestario cercano a 1.36 billones de pesos, aspecto cuestionado por legisladores opositores y organizaciones empresariales.
Este jueves, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también manifestó preocupación por el nivel de inversión productiva y la distribución del gasto, además de señalar los riesgos institucionales que considera asociados al recorte del INE.
Aunque durante la discusión parlamentaria se presentaron más de 1,700 propuestas de modificación, ninguna alteró el dictamen previamente aprobado en comisiones.
El decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación oficial y entrará en vigor el 1 de enero de 2027.
Mientras tanto, el INE enfrenta dos procesos simultáneos: definir cómo operará con menos recursos y atender las investigaciones por presuntas irregularidades en su administración. Las autoridades electorales sostienen que la próxima elección podrá celebrarse, aunque todavía no se ha determinado el alcance definitivo de los ajustes sobre sus demás actividades.
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