Siete años después de la muerte de una niña en el Hospital para el Niño de Toluca, su familia volvió a exigir respuestas sobre uno de los puntos que permanece sin esclarecer: el destino final de los órganos extraídos de su cuerpo después del fallecimiento.
El padre de la menor, Maximino Ayllón Castaño, denunció esta semana que tampoco se han concretado las sanciones que reclama por las irregularidades del caso y sostuvo que continúa pendiente parte de la reparación derivada de la Recomendación 03/2024 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).
La muerte ocurrió en 2019
La menor, identificada como Y.M.A.F., tenía 12 años cuando fue atendida en abril de 2019 por un cuadro de dolor abdominal. Durante su estancia fue sometida a una laparotomía exploradora y posteriormente recibió el alta; sin embargo, tuvo que regresar al hospital y murió el 17 de abril.
Después del fallecimiento se practicó una autopsia. Tiempo después, un trabajador funerario informó al padre que había advertido la ausencia de órganos en el cuerpo. La familia sostiene además que entre las partes faltantes se encontraba la lengua, señalamiento que Ayllón Castaño reiteró en su reciente conferencia.
El punto central de su exigencia es conocer qué sucedió con todo el material extraído. Aunque existía un servicio contratado para el manejo de residuos biológico-infecciosos, no quedó acreditada documentalmente la ruta específica de los órganos de la menor hasta su destino final.
CODHEM confirmó irregularidades
El caso fue investigado por la CODHEM, que en 2024 concluyó que existieron violaciones a derechos humanos relacionadas con la protección de la salud, atención médica libre de negligencia, consentimiento informado, integración del expediente clínico, dignidad póstuma y derecho a la verdad.
La investigación también encontró inconsistencias en los certificados de defunción y deficiencias relacionadas con los procedimientos posteriores al fallecimiento. La falta de certeza sobre el destino de los órganos fue considerada parte de la vulneración sufrida por la familia.
La recomendación contempló medidas de reparación, atención a las víctimas, una disculpa institucional y acciones para determinar eventuales responsabilidades administrativas. La CODHEM también dio vista al Ministerio Público por posibles responsabilidades penales de servidores públicos.
Familia reclama sanciones y reparación
Aunque la disculpa institucional se realizó en 2024 y posteriormente la familia obtuvo reconocimiento como víctima, Ayllón Castaño sostiene que la reparación integral continúa incompleta y que no se han materializado sanciones administrativas o penales por el caso.
El padre informó además que promovió nuevas actuaciones para buscar el deslinde de responsabilidades y pidió la intervención de autoridades estatales ante la falta de resultados que denuncia.
A siete años del fallecimiento, la incógnita que originó buena parte de la disputa permanece: no existe certeza documentada sobre dónde terminaron los órganos retirados del cuerpo de Y.M.A.F.
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