El Poder Judicial del Estado de México recibió 289 mil 421 asuntos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, de los cuales concluyó 187 mil 220 y emitió 222 mil 328 resoluciones, informó el magistrado presidente Héctor Macedo García durante su Primer Informe de Labores.
En la sesión pública, solemne y conjunta de los plenos del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, Macedo García señaló que uno de los principales retos de la institución es atender el rezago, particularmente en los juzgados familiares, debido al volumen de expedientes relacionados con esta materia.
El acto se realizó en el Teatro Elisa Carrillo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, representantes del Congreso estatal, autoridades municipales y quienes integran los tres órganos que conforman actualmente el Poder Judicial mexiquense.
La materia familiar concentra la mayor carga
De acuerdo con el informe, los asuntos familiares representaron la mayor presión para la estructura jurisdiccional, con 137 mil 733 expedientes iniciados durante el periodo reportado.
Ante este escenario se implementaron Brigadas de Apoyo Jurisdiccional en cinco juzgados familiares. Según los resultados presentados, esta estrategia permitió incrementar 35 por ciento los expedientes concluidos, 34 por ciento las sentencias definitivas y 50 por ciento las notificaciones diligenciadas.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia advirtió que el volumen de trabajo representa un desafío para la capacidad operativa de la institución y planteó la necesidad de contar con mayores recursos, personal e infraestructura para evitar que la saturación repercuta en los tiempos de resolución.
En segunda instancia, las salas y tribunales reportaron un índice de resolución de 96 por ciento.
Por otra parte, el Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar emitió 4 mil 543 medidas de protección, mientras que el juzgado especializado en cateos y órdenes de aprehensión en línea concedió 3 mil 145 solicitudes de este último tipo.
Nuevos mecanismos para acercar los servicios de justicia
Durante el informe también fueron expuestos programas orientados a ampliar el acceso a los servicios judiciales.
Entre ellos se encuentra Juzgado LIBRE, una propuesta constitucional desarrollada de manera conjunta por el Poder Judicial, el Gobierno del Estado de México, el Congreso local, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos. El mecanismo busca que las víctimas puedan obtener medidas de protección sin procedimientos formales que retrasen la intervención institucional.
A este esquema se agregaron Justicia Casa por Casa, las Audiencias Ciudadanas e Institucionales y el modelo de videoconferencia CONTIGO.
También se formalizó la Alianza Pro Bono, mediante la cual asociaciones, barras y colegios de abogados participarán en la prestación de representación jurídica gratuita para personas que no cuentan con recursos para contratar estos servicios.
En materia de justicia alternativa se registraron 21 mil 903 procesos y 10 mil 56 convenios.
El Tribunal Electrónico, a su vez, reportó más de 170 mil personas usuarias. Entre las herramientas incorporadas se encuentra JustiBot y el denominado Intérprete de Sentencias, que durante su primer mes procesó mil 400 resoluciones con el propósito de explicar el contenido jurídico mediante un lenguaje más accesible.
Participación en las Mesas de Paz
Otro de los cambios señalados durante el informe fue la incorporación del Poder Judicial a las Mesas de Paz estatales y municipales.
Macedo García indicó que esta participación implicó 50 reuniones y permitió integrar al Poder Judicial en los mecanismos de coordinación interinstitucional destinados a atender problemáticas como la violencia familiar.
Dentro de este esquema también se planteó capacitación con perspectiva de derechos humanos para policías, particularmente para quienes tienen funciones como primeros respondientes.
Reconocen necesidad de más jueces y recursos
Durante el acto, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció que la demanda de servicios judiciales requiere fortalecer la capacidad operativa del Poder Judicial.
“Hay que reconocer que faltan más jueces, que faltan más elementos que puedan desempeñar este cargo, porque resulta insuficiente ante tanta petición y tanta acción que realiza”, afirmó.
La mandataria estatal manifestó que el Gobierno del Estado de México buscará, dentro de sus posibilidades, mejorar la asignación destinada a atender las necesidades de la institución, al tiempo que señaló que la coordinación entre ambos poderes debe mantenerse bajo el respeto a la autonomía judicial.
Por su parte, Macedo García sostuvo que el Poder Judicial ha mantenido finanzas sanas y que los recursos disponibles se han destinado a infraestructura, capacitación y herramientas para la prestación de servicios. No obstante, reconoció que persisten pendientes relacionados con el rezago, la disponibilidad de personal, la nivelación salarial, las condiciones de infraestructura, la conclusión del Código de Ética y los tiempos para resolver los asuntos.
El magistrado presidente sostuvo que la transformación derivada de la reforma judicial aún se encuentra en proceso y que uno de los objetivos centrales será evitar que la acumulación de expedientes termine afectando el derecho de las personas a recibir resoluciones oportunas.
Tribunal de Disciplina y Órgano de Administración presentan avances
El Primer Informe también incluyó los trabajos realizados por los dos órganos creados con la nueva estructura del Poder Judicial.
La presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrada Maricela Reyes Hernández, presentó mediante un video los resultados del primer año de actividades de este órgano. Entre los aspectos mencionados estuvieron la reducción del rezago, nuevas investigaciones, procedimientos disciplinarios y la evaluación del desempeño de 84 personas juzgadoras.
En tanto, el presidente del Órgano de Administración Judicial, magistrado Fernando Díaz Juárez, expuso avances relacionados con la gestión administrativa. Entre ellos se encuentran medidas de austeridad, la reorganización institucional, la modernización tecnológica y la orientación prioritaria de recursos hacia los órganos jurisdiccionales.
Participación ciudadana para definir el plan de desarrollo
Como parte de la planeación institucional, el Poder Judicial reportó la participación de más de 3 mil personas en la elaboración de su Plan de Desarrollo.
El proceso incluyó la recepción de 200 propuestas técnicas y la realización de mesas de diálogo en diez municipios.
Al presentar el balance de su primer año al frente del Tribunal Superior de Justicia, Macedo García planteó que el principal desafío para la institución será convertir los cambios estructurales en una capacidad efectiva para atender la demanda judicial, especialmente en los asuntos que involucran a personas en condiciones de vulnerabilidad.
El magistrado resumió esa exigencia al señalar que el mandato democrático debe traducirse en trabajo, cercanía, coordinación, transparencia y resultados.
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