La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas con contratos para la adquisición de materiales y servicios electorales.
La medida, dada a conocer el lunes, forma parte de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo, que también involucra a personas cercanas a su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala.
Contratos millonarios bajo investigación
De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, las autoridades identificaron movimientos bancarios y vínculos comerciales entre Cuervo Escalona y empresas proveedoras del sector electoral.
Entre las compañías examinadas figuran Corporativo ZEG, Cajas Graf y Litoformas, relacionadas con contratos para suministrar materiales electorales en Veracruz, Hidalgo y Coahuila por aproximadamente 576 millones de pesos, entre 2016 y 2023.
También se documentaron transferencias al exfuncionario bajo conceptos de viáticos y préstamos. Otro elemento relevante es que Corporativo ZEG lo designó apoderado legal en junio de 2023, cuando todavía desempeñaba funciones dentro del INE.
Las investigaciones buscan esclarecer posibles prácticas de simulación de competencia en adjudicaciones y el eventual uso indebido de recursos públicos.

El caso alcanza a distintas administraciones
Cuervo Escalona ocupó cargos en el organismo electoral desde la época del entonces Instituto Federal Electoral y fue director de Coordinación y Análisis durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello.
Su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas se relaciona con el procedimiento mediante el cual la UIF inmovilizó cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales.
Entre los señalados también aparecen Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del INE en octubre, así como integrantes de su familia y antiguos funcionarios de la institución.
La Fiscalía General de la República (FGR) recibió una denuncia relacionada con las operaciones detectadas para determinar si existen responsabilidades penales.
El congelamiento de cuentas constituye una medida administrativa preventiva, no una sentencia condenatoria. Las personas involucradas conservan su derecho a impugnar las restricciones y presentar elementos en su defensa.

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