Dos hombres planearon el operativo desde febrero, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México: el esposo y el cuñado de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo. Uno de ellos permanece prófugo. El otro, afirma la alcaldesa, la acompañó en todo momento y cooperó con las autoridades. En torno a esa tensión gira el caso más ruidoso de la política municipal mexiquense en lo que va del año.
El mismo día, dos versiones ante la opinión pública
Este lunes 22 de junio, Nancy Nápoles eligió los estudios de Fórmula Noticias para dar su primera defensa extensa ante medios nacionales y compartir públicamente el video de su presunto rapto del pasado 31 de mayo. Casi de forma simultánea, un juez con sede en Tenancingo determinó la vinculación a proceso de Karla Valeria «N» y Víctor Manuel «N» —dos de los detenidos por el caso— por el delito de simulación de secuestro, con prisión preventiva justificada y dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria. La audiencia de formulación de imputación contra la propia alcaldesa quedó fijada para el 9 de julio.
Lo que dice la Fiscalía
El relato ministerial es preciso: Óscar «N» —cuñado de la alcaldesa— y José Roberto «N» —su esposo— comenzaron a fraguar el «falso secuestro» desde febrero, con el propósito de exigir 40 millones de pesos de rescate que cubrirían un faltante previo en el erario municipal. Óscar «N» reclutó a un amigo, Cristian «N», quien incorporó a su pareja, Karla Valeria «N», y al hermano de esta, Víctor Manuel «N». La Fiscalía sostiene además que la propia funcionaria participó en la planeación y en la ejecución.
El análisis de videograbaciones, según el comunicado oficial, no permite advertir violencia física alguna contra la alcaldesa; por el contrario, uno de los intervinientes la habría ayudado a descender de su propio automóvil. También establece que durante el trayecto fue NNP quien orientó la ruta para evitar cámaras de vigilancia, y que usó el teléfono de uno de los acompañantes para pedirle a su hermana que no alertara a la policía, diciéndoles a continuación que «todo se salió de control». La encontraron en un camino de terracería su esposo y el director municipal de Seguridad Pública.
Lo que dice ella
Nápoles Pacheco lo niega todo. Asegura que fue bajada a punta de pistola del auto de su hermana, presionada contra el zaguán de su casa y subida por la fuerza al Virtus rojo. Confirma que le exigieron los 40 millones —»yo les dije que ese dinero es presupuesto federal, no puedo tomar un solo peso»— y que los captores nunca le vendaron los ojos ni le ataron las manos, lo que la llevó a concluir que no eran profesionales. Su fuga, relató, ocurrió cuando detectó nerviosismo entre los tres ocupantes del vehículo y uno de ellos bajó: aprovechó ese instante, descendió y corrió, convencida de que le dispararían por la espalda.
Sobre la llamada a su hermana, sostuvo que fue forzada por los captores y que sus únicas palabras fueron pedirle que no avisara a su comisario de seguridad, antes de cortar. Sobre la ruta, aseguró que mencionó las cámaras del C5 como advertencia a sus captores, no como guía. Y sobre el erario, anunció que solicitó una auditoría al primer semestre de 2026 para demostrar que el dinero municipal «está intacto».
El cuñado: presente en el expediente, esquivo en la entrevista
Óscar «N» es, en la narrativa de la Fiscalía, la pieza que conecta al esposo de la alcaldesa con el resto de los ejecutores. En la narrativa pública de ella, en cambio, su nombre brilla por su ausencia. En una segunda entrevista de este lunes, al ser preguntada sobre los señalados como prófugos, Nápoles Pacheco se refirió a él primero como «el que manifiesta en ser familiar nuestro» y luego como «la pareja de mi hermana», antes de confirmar que sí es un familiar. Admitió que su desaparición de ocho días «dice mucho», aunque no fue más allá.
Una demanda más: periodistas en la mira
Al margen del proceso penal, la alcaldesa enfrenta señalamientos por haber demandado ante la Fiscalía en Metepec a al menos cuatro comunicadores locales por presunto daño moral, encuadrado como violencia política de género. El periodista Ángel Ávila Calvo, del programa La Madeja Política, es uno de los denunciados: se le exige una reparación de 125,000 pesos, calculada con base en meses de atención psicológica que, según la querella, requeriría la funcionaria a causa de caricaturas publicadas con inteligencia artificial. Ávila Calvo rechazó los cargos y argumentó que toda su cobertura proviene de fuentes públicas.
Mientras la defensa de la alcaldesa se sostiene en la arena mediática, el proceso judicial avanza con sus propios tiempos. El 9 de julio será el siguiente momento de definición.
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