La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para aplazar la segunda elección popular de integrantes del Poder Judicial, prevista originalmente para 2027, y moverla al 4 de junio de 2028.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta busca corregir complicaciones operativas detectadas en la primera elección judicial realizada en 2025, además de facilitar la participación ciudadana en futuros comicios.
Cambios para simplificar la votación
Entre las modificaciones planteadas se encuentra una reducción en el número de candidaturas, así como una boleta más sencilla que permita votar por especialidad judicial.
La propuesta también considera que la elección judicial pueda coincidir con otros procesos electorales en la misma casilla, aunque manteniendo la independencia de cada votación.
Sheinbaum señaló que uno de los principales motivos del aplazamiento es evitar la saturación electoral que se habría presentado en 2027, año en el que coincidirían elecciones de gubernaturas, diputaciones y ayuntamientos en distintas entidades del país.
Además, la iniciativa contempla la creación de una Comisión Coordinadora entre los tres poderes para homologar criterios de evaluación de aspirantes, así como requisitos más estrictos de experiencia y formación para quienes busquen ocupar cargos judiciales.
De aprobarse el cambio, las siguientes elecciones judiciales continuarían programadas para 2030 y 2033.
Oposición y especialistas cuestionan el modelo
La propuesta generó reacciones inmediatas desde partidos de oposición como el PRI y Movimiento Ciudadano, cuyos dirigentes consideran que el aplazamiento representa un reconocimiento de los problemas estructurales de la reforma judicial aprobada en 2024.
Ambas fuerzas políticas sostienen que modificar únicamente la fecha no resuelve las críticas de fondo sobre la elección popular de jueces y magistrados, modelo que —afirman— podría afectar la independencia judicial y favorecer la politización del sistema.
Especialistas en materia electoral también expresaron reservas. El exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, consideró que el cambio de calendario puede resultar útil desde el punto de vista logístico, aunque reiteró sus críticas al modelo de elección popular del Poder Judicial.
En una postura similar, Edmundo Jacobo Molina señaló que el aplazamiento puede ayudar a mejorar la organización electoral, pero cuestionó la viabilidad del esquema desde su origen.
La reforma será discutida en el Congreso
La iniciativa será enviada al Congreso en medio de un debate nacional sobre la reforma judicial y el equilibrio entre poderes.
El bloque mayoritario de Morena y sus aliados podría impulsar la propuesta en un periodo ordinario o extraordinario, mientras que la oposición anticipó una discusión intensa e intentará promover cambios más profundos o frenar la reforma.
El anuncio representa uno de los primeros ajustes relevantes del gobierno de Sheinbaum a una de las reformas más importantes impulsadas por la llamada Cuarta Transformación.
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