Toluca, Estado de México, 23 de junio de 2025.- Las comisiones legislativas del Congreso del Estado de México aprobaron un dictamen que reforma el Código Penal estatal para imponer penas de hasta 25 años y seis meses de prisión, así como multas de hasta mil 500 días, por el delito de despojo, con el objetivo de combatir la participación dolosa de autoridades estatales y municipales, así como prevenir casos como el de la señora Carlota “N”, quien en abril pasado, en Chalco, cometió un homicidio al intentar recuperar una vivienda de su propiedad.
El dictamen, avalado por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, integra iniciativas presentadas por los diputados de Morena, Octavio Martínez Vargas y José Miguel Gutiérrez Morales, así como por la bancada de Movimiento Ciudadano. Estas reformas buscan endurecer las sanciones cuando el despojo implique actos como la formalización de documentos falsos ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), la suplantación de propietarios o poseedores legítimos, o la participación dolosa de notarios o servidores públicos con acceso a información sobre inmuebles.
El documento, presentado por el diputado Octavio Martínez, establece que las penas más severas se aplicarán en casos que involucren violencia física o moral, el uso de documentación falsa, el rompimiento de cerraduras, el forzado de accesos, o cuando las víctimas sean personas mayores de 60 años, menores de 18, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o miembros de comunidades indígenas. También se sancionará cuando el despojo se cometa aprovechando la ausencia del propietario, se busque un lucro indebido, o se realice mediante acuerdos extrajudiciales que resulten en la privación del inmueble.
Además, las reformas contemplan sanciones específicas para el despojo de bienes públicos, áreas naturales protegidas por decreto estatal, o el uso indebido de aguas, con penas que van de cinco a 12 años de prisión y multas de 700 a mil días, dependiendo del caso. El dictamen precisa que el delito de despojo se configurará independientemente de si la posesión del inmueble está en disputa.
Durante la discusión, legisladores como José Miguel Gutiérrez, Vladimir Hernández, Selina Trujillo (Morena), Ana Yurixi Leyva (PT) y Ruth Salinas (MC) destacaron que la reforma busca evitar tragedias como la de Carlota “N” y señalaron la presunta participación del crimen organizado en este delito. También subrayaron la importancia de supervisar la actuación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para garantizar la efectividad de estas medidas.
Sin embargo, propuestas como la de Miriam Silva (PVEM) para sustituir el término “persona gestante” por “mujer embarazada”, y la de Ruth Salinas para incluir a todas las mujeres como víctimas agravantes, fueron rechazadas. La diputada Yesica Yanet Rojas (Morena) argumentó que la redacción original ya contempla las agravantes necesarias.
La reforma, aprobada en comisiones, pasará al Pleno del Congreso mexiquense para su discusión y, de ser aprobada, representará un paso significativo en el combate al despojo en el Estado de México, un delito que afecta los derechos de propiedad y la seguridad de los ciudadanos.
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