Toluca, Estado de México – La diputada local Martha Azucena Camacho Reynoso, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el objetivo de regular los viajes al extranjero de los presidentes municipales. La propuesta plantea que los ediles justifiquen sus salidas internacionales, limiten su número y rindan cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Detalles de la iniciativa
- La iniciativa propone que los alcaldes deban:
- Notificar por escrito a la Legislatura mexiquense o a la Diputación Permanente, así como al cabildo, antes de realizar viajes al extranjero.
- Especificar la justificación, objetivos, comitiva que los acompañará y el costo estimado del viaje.
- Presentar un informe dentro de los 10 días posteriores a su regreso, detallando las acciones realizadas durante el viaje, el cual deberá publicarse en la gaceta municipal.
- Limitar a dos salidas anuales al extranjero durante su gestión, exceptuando aquellos viajes relacionados con emergencias o gestiones avaladas por el Congreso.
Objetivos: transparencia y uso eficiente de recursos
La diputada Camacho Reynoso argumentó que la medida no busca restringir la libertad de movimiento, sino garantizar que los fondos públicos se destinen prioritariamente a servicios básicos como agua, seguridad, infraestructura y bienestar social.
«Los recursos utilizados en estos viajes son fondos públicos que podrían aplicarse en necesidades urgentes de la población. Es esencial que los alcaldes rindan cuentas y eviten gastos innecesarios», señaló la legisladora en la exposición de motivos.
La propuesta también enfatiza la importancia de:
- Prevenir el uso indebido de recursos.
- Fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia.
- Priorizar la atención a las demandas ciudadanas sobre viajes internacionales.
Contexto y reacciones
Aunque la iniciativa no ha sido discutida en el pleno, ha generado debate entre sectores que la consideran un avance contra la opacidad, mientras que otros cuestionan si podría afectar gestiones legítimas, como la atracción de inversiones o cooperación internacional.
De aprobarse, el Estado de México se sumaría a otras entidades que han implementado controles similares para evitar el mal uso de recursos en viajes oficiales.
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