Cinco funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron imputados por presuntas faltas administrativas graves relacionadas con conflictos de interés y su posible ocultamiento, en el contexto de investigaciones sobre contrataciones millonarias de materiales electorales.
El titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, informó sobre estos procedimientos durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde también expuso posibles irregularidades en contratos adjudicados a empresas proveedoras del organismo.
Investigan contratos por más de 2 mil millones de pesos
De acuerdo con el contralor, las investigaciones identificaron posibles vínculos entre cinco compañías que acumularon contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos.
Entre las irregularidades examinadas se encuentra la presunta simulación de competencia entre empresas participantes en procesos de contratación de materiales electorales.
Las revisiones abarcan operaciones realizadas durante varios años, tanto en el INE como en organismos electorales estatales, por lo que no se limitan a una sola administración.
Los vínculos con el entorno de Guadalupe Taddei
El caso también ha generado cuestionamientos por las relaciones personales entre el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con compañías proveedoras del instituto, y el entorno familiar de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que Taddei figure entre las cinco personas imputadas ni se ha establecido públicamente su responsabilidad en las presuntas irregularidades.
El OIC tampoco ha revelado las identidades de los funcionarios señalados, bajo el argumento de proteger el debido proceso.
Continúan abiertas otras investigaciones
Además de los cinco procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados, el órgano de control mantiene otros 13 expedientes bajo investigación.
Los funcionarios imputados deberán enfrentar las etapas correspondientes del procedimiento administrativo, mientras las autoridades determinan si existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades y, en su caso, imponer sanciones.
Las investigaciones colocan bajo escrutinio el manejo de recursos públicos de una institución encargada de organizar las elecciones y garantizar su legalidad, aunque las presuntas irregularidades todavía no constituyen responsabilidades demostradas.
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