Dos exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, detenidos en agosto por su presunta participación en una red de extorsión a verificentros, recuperaron su libertad la noche del martes, luego de que la acusación más grave no prosperara y ambos fueran sentenciados por abuso de autoridad.
Se trata de Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, quienes permanecían recluidos en el penal de Chalco desde su captura, realizada durante un operativo que involucró a autoridades estatales y federales.
Condena de 16 meses y liberación
Durante una audiencia celebrada el martes, la jueza Sandra Isabel Cortés determinó que la acusación de extorsión agravada no había quedado suficientemente acreditada.
Ambos exservidores públicos aceptaron responsabilidad por abuso de autoridad, mediante un procedimiento abreviado, por lo que recibieron una sentencia de un año y cuatro meses de prisión, susceptible de conmutarse mediante el pago de una sanción económica.
Para obtener su libertad, Piña Horta debió cubrir 5 mil 396 pesos, mientras que Solares Vega pagó 4 mil 772 pesos, de acuerdo con los montos establecidos en la resolución judicial.
Además, ambos quedaron inhabilitados durante diez años para ocupar cargos públicos, con la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad correspondiente y mantener restricciones de acercamiento a las víctimas.
Los exfuncionarios abandonaron el centro penitenciario la noche del martes, después de una audiencia que se prolongó aproximadamente ocho horas.
Una investigación por presuntos cobros millonarios
Las detenciones ocurrieron el pasado 10 de agosto, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutó órdenes de aprehensión contra ambos servidores públicos, uno en Acapulco, Guerrero, y otro en la Ciudad de México.
De acuerdo con la investigación ministerial, los implicados presuntamente exigían pagos ilegales a propietarios de centros de verificación vehicular para permitirles continuar operando.
La Fiscalía había documentado denuncias sobre cuotas mensuales de hasta 200 mil pesos por establecimiento, además de exigencias extraordinarias relacionadas con la renovación de autorizaciones y el funcionamiento de las líneas de verificación.
Uno de los señalamientos más relevantes involucraba una presunta exigencia de 500 mil pesos por cada línea, mecanismo con el que se pretendía obtener más de 430 millones de pesos adicionales.
Las indagatorias también incluían posibles bloqueos administrativos, restricciones en el suministro de hologramas y amenazas contra concesionarios.
Como parte de las diligencias, las autoridades aseguraron cinco verificentros y realizaron cateos en instalaciones gubernamentales.
Investigación continúa sin condena por extorsión
Pese a la magnitud de los hechos inicialmente denunciados, el procedimiento contra los dos exfuncionarios concluyó con una sentencia por abuso de autoridad, sin que se acreditara judicialmente la imputación de extorsión agravada.
La resolución permitió que ambos recuperaran su libertad mediante la conmutación de las penas, aunque conservaron las sanciones administrativas y restricciones determinadas por la autoridad judicial.
El caso permanece abierto en cuanto a las investigaciones sobre otras posibles personas involucradas en el esquema denunciado por la Fiscalía, que inicialmente había sido presentado como una presunta estructura de cobros ilegales dentro del sistema de verificación vehicular mexiquense.
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