Una investigación del Human Rights Center de la UC Berkeley School of Law documentó y verificó 337 asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en México ocurridos entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024.
La cifra fue obtenida mediante el cruce y depuración de registros oficiales y bases de datos de organizaciones de la sociedad civil, y supera otros conteos disponibles para ese periodo.
El trabajo abarca el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y documenta, además de los homicidios, distintos mecanismos de presión dirigidos contra periodistas, defensores de derechos humanos e investigadores.
Vigilancia con herramientas de grado militar
De acuerdo con la investigación, el Ejército mexicano, mediante la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), utilizó herramientas de vigilancia de grado militar, entre ellas el software Pegasus, desarrollado por NSO Group, y sistemas como Geomatrix.
El informe señala que estas herramientas fueron empleadas contra periodistas, defensores de derechos humanos e incluso investigadores oficiales que examinaban posibles abusos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas.
Según la documentación reunida, las operaciones se realizaron sin autorización judicial y sin una base legal que facultara a las fuerzas armadas para interceptar comunicaciones privadas de civiles.
López Obrador negó en distintas ocasiones el uso de software espía y sostuvo que esas prácticas habían terminado. Sin embargo, la investigación incorpora contratos de 2019 y documentos de inteligencia que llegaron a niveles superiores de la SEDENA.
Una parte relevante de los materiales procede de la filtración de aproximadamente seis terabytes de correos electrónicos y archivos internos de la dependencia, realizada en 2022 por el grupo Guacamaya.
Señalamientos públicos, acoso y violencia
La investigación identifica cinco mecanismos que, de acuerdo con sus hallazgos, operaron de manera concurrente: estigmatización pública desde las conferencias matutinas presidenciales, acoso coordinado mediante redes afiliadas al Estado, abuso de procesos judiciales y administrativos, violencia física e impunidad.
El análisis de las conferencias presidenciales registró miles de segmentos en los que se descalificó públicamente a periodistas y organizaciones mediante expresiones como “prensa fifí”, “chayoteros” y “hampa del periodismo”.
En cuanto a los delitos cometidos contra este grupo, los datos compilados por la investigación sitúan la impunidad entre 93 y 99 por ciento.
Una plataforma con expedientes y registros
La investigación comenzó con el objetivo de presentar una comunicación relacionada con el artículo 15 del Estatuto de Roma ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. México es Estado Parte de ese tratado desde 2006.
Posteriormente, debido a cambios en el entorno jurídico internacional, el equipo adaptó parte del material para hacerlo público.
El resultado es la plataforma “Under Attack in Mexico”, que reúne expedientes de casos, una base de datos de víctimas, un registro consultable de declaraciones oficiales y organigramas relacionados con el aparato de seguridad.
El material está organizado como bloques fácticos y, de acuerdo con la propia investigación, no formula acusaciones legales ni establece conclusiones definitivas.
Un registro sobre la violencia contra periodistas y defensores
Los datos reunidos documentan la violencia letal y otros mecanismos de presión registrados contra periodistas y defensores de derechos humanos durante esos seis años.
La plataforma concentra la documentación recopilada para que investigadores, fiscales y cualquier persona interesada puedan consultar los casos, declaraciones y demás evidencias incorporadas al proyecto.
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