Toluca, Estado de México – El pasado 19 de marzo de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró que un juez de control vinculara a proceso a Óscar «N», ex presidente municipal de Almoloya de Juárez, por el delito de violencia familiar. Este caso, que ha generado revuelo en la opinión pública, tiene como base una denuncia presentada por la madre de tres de sus hijos, quienes habrían sido víctimas de agresiones psicológicas el 22 de abril de 2022. Aunque el ex edil no pisará la prisión, la autoridad judicial le impuso una serie de medidas preventivas mientras se desarrolla el proceso en su contra.
Los hechos que llevaron a esta resolución judicial ocurrieron hace casi tres años, durante la celebración del cumpleaños de Óscar «N» en un domicilio ubicado sobre la carretera Toluca-Zitácuaro, en el municipio de Almoloya de Juárez. Según la investigación de la fiscalía, en medio de la reunión familiar, el entonces alcalde habría insultado y ejercido violencia psicológica contra sus hijos, causando un impacto emocional que motivó a la madre de los menores a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Tras un exhaustivo proceso de recolección de pruebas, el agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso, la cual fue concedida esta semana en los Juzgados de Control de Almoloya de Juárez.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Óscar «N» no enfrentará reclusión durante el desarrollo del juicio. El juez determinó que el ex funcionario podrá llevar el proceso en libertad, pero bajo estrictas medidas cautelares que buscan garantizar la seguridad de las víctimas y el avance de la investigación. Entre las disposiciones impuestas se encuentra el pago de una garantía económica de 30 mil pesos, la obligación de presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMECA) y la prohibición absoluta de acercarse o contactar a las víctimas, es decir, sus hijos y su ex esposa. Además, se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán presentar más elementos de prueba antes de que se dicte una sentencia definitiva.
El caso de Óscar «N» no es ajeno a la controversia. Durante su gestión como presidente municipal y en su intento por buscar la reelección en 2023 bajo la bandera del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diversas acusaciones salieron a la luz. Además de las señaladas agresiones familiares, se le ha relacionado con presuntas irregularidades como desvío de recursos públicos y nexos con la delincuencia organizada, aunque estas investigaciones aún no han sido concluidas. Su hija, Ángela Fernanda Sánchez Villagómez, también hizo pública una denuncia en la que detalló haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su padre, incluyendo encierros e insultos, lo que añadió peso a las acusaciones en su contra.
Organizaciones feministas y ciudadanos han seguido de cerca este proceso, exigiendo que no se permita a personas con antecedentes de violencia ocupar cargos públicos. A pesar de ello, la resolución judicial ha generado opiniones divididas: mientras algunos consideran que las medidas cautelares son insuficientes ante la naturaleza del delito, otros ven en la vinculación a proceso un paso hacia la justicia, aunque tardío. En el Estado de México, entidad que en 2023 registró una de las tasas más altas de violencia familiar contra menores según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), este caso pone de nuevo en el reflector la necesidad de atender con seriedad este tipo de delitos.
Por ahora, Óscar «N» permanece en libertad bajo supervisión, y su futuro legal dependerá de los resultados de la investigación complementaria. Mientras tanto, el caso sigue siendo un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sistema judicial mexicano para equilibrar la presunción de inocencia con la protección de las víctimas, especialmente en un contexto donde la violencia familiar sigue siendo una problemática alarmante.
0
0
Average Rating