Ciudad de México, 6 de febrero de 2025 – En una decisión que podría tener repercusiones significativas en el proceso electoral judicial de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado hoy la lista de candidatos presentada por el Senado de la República. Esta lista, elaborada a través de un proceso de insaculación realizado ayer, fue destinada a llenar casi mil puestos judiciales en las elecciones programadas para junio de este año.
El rechazo de la Corte se fundamenta en la falta de consenso para alcanzar la mayoría calificada de ocho votos necesarios, tal como lo estipula la reforma constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación. Según información disponible en el web, la sesión donde se discutió este tema fue privada, y aunque no se han divulgado los detalles específicos de la votación, se sabe que no se logró la mayoría requerida para aprobar la lista enviada por el Senado.
Este evento se produce en un contexto de reformas judiciales recientes que buscan transformar el método de selección de jueces, magistrados y ministros, proponiendo por primera vez que sean elegidos mediante un proceso de votación popular. Esta reforma, aprobada en septiembre de 2024, ha generado controversia y debate sobre la idoneidad y la transparencia del proceso de selección de candidatos.
La insaculación, o sorteo, llevada a cabo por el Senado, fue una solución adoptada tras la negativa del Comité de Evaluación del Poder Judicial a continuar con su proceso de selección, el cual estaba detenido por una suspensión judicial. Sin embargo, la Corte argumentó que el método de selección no garantizó la evaluación adecuada de la idoneidad de los aspirantes, un criterio esencial para la aprobación de la lista.
El rechazo de la lista por parte de la SCJN plantea ahora la pregunta de qué pasará con el proceso electoral judicial. Fuentes en línea indican que, según una resolución previa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Senado podría enviar directamente la lista insaculada al Instituto Nacional Electoral (INE), permitiendo así que el proceso continúe sin necesidad de la validación de la Corte.
Este giro inesperado en el proceso electoral judicial no solo pone en evidencia las tensiones entre los diferentes poderes del Estado, sino también los desafíos inherentes a implementar reformas estructurales en un sistema judicial ya de por sí complejo. Los actores políticos y la opinión pública estarán observando de cerca cómo se desarrolla esta situación, especialmente en lo que respecta a la transparencia y la legitimidad del sistema judicial mexicano.
Mientras tanto, los ciudadanos y analistas políticos están atentos a las próximas acciones del Senado y del INE, considerando que la elección de jueces y magistrados por voto popular es un experimento sin precedentes en México, y su éxito o fracaso podría sentar un precedente para futuras reformas judiciales.
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