Toluca, Estado de México, 21 de noviembre de 2025. El político mexiquense Isidro Pastor Medrano permanece bajo resguardo federal tras ser detenido este viernes por agentes de seguridad en un operativo realizado al sur de la capital estatal. La aprehensión fue registrada poco antes de la una de la tarde y derivó en su traslado inmediato al Centro Penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
La detención quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones, donde se detalla que el aseguramiento ocurrió sobre la carretera Toluca-Tenango, en la zona limítrofe entre Nueva Santa María y Santa María de las Jaras. Pastor Medrano viajaba solo y vestía ropa deportiva al momento en que fue interceptado por los agentes.
Aunque la autoridad federal no ha comunicado aún la razón oficial de la captura, fuentes con conocimiento del caso señalan que el procedimiento estaría relacionado con una investigación de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. La indagatoria, abierta años atrás por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, contempla presuntas irregularidades en movimientos financieros y la adquisición de un inmueble de alto valor hace más de una década.
La situación jurídica del exservidor público dependerá de la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público deberá exponer los datos de prueba y definir si avanza o no hacia la imputación formal. Esta diligencia deberá realizarse en las próximas horas conforme a los plazos legales.
Pastor Medrano ha ocupado diversos cargos en la estructura política del Estado de México. Fue diputado local, líder de la bancada priista en la Legislatura estatal y dirigente del PRI mexiquense. También encabezó áreas de gabinete durante el gobierno de Eruviel Ávila, entre ellas las secretarías de Desarrollo Metropolitano y de Movilidad. En 2017 intentó competir por la gubernatura como aspirante independiente, aunque su candidatura fue invalidada por inconsistencias en la recopilación de apoyos.
Su arresto se suma a otras revisiones federales dirigidas a exfuncionarios mexiquenses involucrados en presuntos casos de origen irregular de recursos. Hasta que la FGR emita una postura oficial, el caso permanece en fase preliminar y sujeto a los resultados del proceso judicial que está por iniciar.
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