El grupo encargado de la Procuración y Administración de Justicia dio su aprobación a la propuesta del legislador Octavio Martínez (morena) para imponer penas de hasta 24 años de cárcel por este comportamiento.
La sanción incluye agravantes si el crime se realiza contra ancianos, personas con discapacidades, mujeres o individuos en situaciones vulnerables.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado de México aprobó de manera unánime la propuesta del diputado Octavio Martínez Vargas (morena) para castigar con hasta 24 años de prisión a quienes de forma intencionada causen un accidente de tráfico con el objetivo de lograr un beneficio económico injusto a través de amenazas o engaños, haciendo pasar por víctimas del accidente, conocidos comúnmente como “montachoques”.
El dictamen establece que se puede imponer una pena de hasta 12 años de cárcel y 1,500 días de multa por esta acción. Además, si el delito afecta a personas mayores, con discapacidades, mujeres o personas en situaciones vulnerables, la condena se duplica, lo que podría llevar a penas de hasta 24 años y 3,000 días de multa.
En una reunión guiada por la legisladora Emma Laura Álvarez Villavicencio del PAN, el proponente afirmó que era urgente definir este delito. Mencionó que en Ecatepec, se registran aproximadamente 15 casos de extorsiones del tipo «montachoques» cada día, con un beneficio medio de 10,000 pesos por incidente.
Señaló que esta actividad se originó en Ecatepec durante gobiernos anteriores, se expandió a municipios cercanos y llegó a la Ciudad de México. Además, destacó que el Estado de México sería el primer estado en implementar una ley sobre este tema.
Recordó que, después de que presentó su propuesta, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el legislador Emilio Manzanilla Téllez (PT) introdujo una iniciativa similar para clasificar el fraude debido a accidentes de vehículos o choques como un delito específico, con sanciones de hasta ocho años de prisión.
Por otro lado, en respuesta a las interrupciones llevadas a cabo por transportistas de agua que protestaron por el operativo que implicó la intervención de 189 propiedades y la confiscación de 322 camiones de agua supuestamente relacionados con la extracción, el uso excesivo, la distribución, acaparamiento y venta ilegal de agua en 48 municipios, el legislador planteó preguntas sobre el rendimiento del director de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez.
Señaló que no hay líderes detenidos ni procesados por el robo de agua, ni se han confiscado fondos, además, la situación ha generado un grave problema para los municipios y el estado, ya que hay prisiones, hospitales, centros de salud, escuelas, mercados públicos, empresas e industrias que no cuentan con el suministro de agua.
Agregó que la crisis de movilidad fue resultado de una acción que no estuvo acompañada por la captura de los principales responsables del robo de agua ni de las autoridades que podrían estar protegiéndolos.
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