Alcaldesa de San Mateo Atenco habría usurpado funciones con uniforme policial

Alcaldesa de San Mateo Atenco habría usurpado funciones con uniforme policial

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En el marco de las festividades por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, San Mateo Atenco, Estado de México, celebró el pasado 16 de septiembre un desfile cívico que reunió a miles de participantes y espectadores. El evento contó con la participación de estudiantes de diversas escuelas, elementos de seguridad pública y autoridades locales, encabezadas por la presidenta municipal, Ana Aurora Muñiz Neyra.

Una fotografía del desfile mostró a la alcaldesa con un uniforme similar al de los policías municipales, lo que provocó cuestionamientos sobre su legalidad y pertinencia según las normativas vigentes. Este hecho rápidamente se viralizó en redes sociales, dividiendo opiniones: algunos lo interpretaron como un gesto de solidaridad con las fuerzas de seguridad; otros lo consideraron una posible infracción legal.

El Código Penal del Estado de México regula estrictamente el uso de uniformes e insignias oficiales. El Artículo 177 establece sanciones de uno a cinco años de prisión y multa por portar credenciales, uniformes o distintivos sin derecho. El Artículo 176 penaliza con hasta ocho años de prisión la usurpación de funciones de servidores públicos, incluyendo policías.

A nivel federal, el Artículo 250 del Código Penal Federal contempla de uno a seis años de prisión por uso indebido de uniformes policiales, con posibilidad de aumento en caso de prendas de uso exclusivo.

Hasta el momento no se ha presentado denuncia formal ni pronunciamiento oficial del ayuntamiento.

Este episodio evidencia tensiones sobre los límites entre la representación simbólica de autoridades y el cumplimiento estricto de la ley. Mientras algunos consideran que la participación cercana al personal de seguridad es un acto de servicio público, otros advierten que podría debilitar la distinción jerárquica y generar precedentes indeseados.

La resolución de esta controversia dependerá de interpretaciones judiciales o administrativas, subrayando la necesidad de lineamientos claros para actos protocolarios y celebraciones patrias que fortalezcan las instituciones democráticas.

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