Toluca, Estado de México, 27 de mayo de 2025. Las comisiones unidas del Congreso del Estado de México aprobaron por unanimidad una iniciativa que endurece las sanciones contra quienes cometan violencia sexual utilizando tecnologías de la información y la comunicación, con penas que alcanzan hasta 16 años de prisión cuando las víctimas sean menores de edad. La propuesta, impulsada por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (Morena), también fortalece las atribuciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, priorizando el interés superior de la niñez.
La reforma, que modifica el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Administrativo y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, establece sanciones de hasta ocho años de prisión y multas de 45,256 pesos (400 UMAs) para quienes utilicen medios electrónicos, escritos o de mensajería para concertar encuentros o acercamientos con fines sexuales o para obtener material audiovisual explícito. Cuando las víctimas sean menores de edad, personas con dificultades para comprender los hechos o quienes requieran apoyos extraordinarios, las penas se duplican, alcanzando los 16 años de cárcel y multas de hasta 90,515 pesos (800 UMAs).
La iniciativa, respaldada por legisladores de Morena, PT y PAN, busca proteger a los sectores más vulnerables frente a la violencia sexual, con un enfoque en la prevención y la atención integral. Las diputadas María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena), Ana Yurixi Leyva Pinón (PT) y Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) destacaron que estas medidas refuerzan los derechos humanos de niñas, niños y grupos en situación de vulnerabilidad, promoviendo un marco legal más robusto.
Entre las disposiciones, se otorga a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes un rol clave en la evaluación del perdón legal en casos donde las víctimas sean menores, además de coordinar medidas de protección inmediata con autoridades judiciales, de salud y de procuración de justicia. Las instituciones de salud, por su parte, deberán priorizar la atención a menores víctimas de violencia, notificando de inmediato a la Procuraduría y al Ministerio Público para activar protocolos urgentes.
La reforma también garantiza atención psicosocial, jurídica y médica integral, enfocada en la restitución de derechos y la reparación del daño, evitando la revictimización. El diputado Martínez Zurita agradeció la colaboración de Valeria González Ruiz, del Early Institute, así como de la sociedad civil, asociaciones y las bancadas parlamentarias por enriquecer la propuesta, subrayando que estas medidas representan un avance hacia una sociedad más justa y segura.
Con esta aprobación, el Congreso mexiquense reafirma su compromiso con la protección de la niñez y los grupos vulnerables, consolidando un marco legal que castiga con mayor severidad los delitos cometidos a través de medios digitales y fortalece las instituciones encargadas de su defensa.
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