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En un foro conmemorativo por los diez años de las Alertas de Violencia de Género, celebrado en el marco del Día Internacional de la Mujer, legisladoras, activistas y académicos coincidieron en un diagnóstico alarmante: el Estado mexicano, en sus distintos niveles —gobierno, sociedad civil y núcleo familiar—, ha abandonado a las mujeres al no ofrecerles justicia ágil, permitir la impunidad de los feminicidas y obligar a las víctimas a suplicar por protección.
Ana Yurixi Leyva Piñón, diputada del PT y presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en el Congreso local, señaló que las fallas son profundas: las servidoras y servidores públicos agravan el dolor de las víctimas al revictimizarlas, restar importancia a la violencia e ignorar una realidad innegable. Durante el evento, titulado “Alertas de Violencia de Género a 10 años: logros, desafíos y perspectivas”, la legisladora expresó su indignación por la ausencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que, pese a haber confirmado su participación, dejó un vacío evidente. En un tono firme, Leyva Piñón exigió la renuncia de José Luis Cervantes Martínez, titular de la FGJEM, al considerar su inasistencia como una muestra de desinterés y opacidad: “No dan la cara a las víctimas ni demuestran compromiso con las mujeres mexiquenses en un momento tan crucial”.
Por su parte, María Mercedes Colín Guadarrama, diputada del PRI, subrayó que las cifras reflejan la incapacidad institucional para proteger a las mujeres del Estado de México. Criticó que, del presupuesto asignado a las alertas, apenas el 15% se destine a prevención, y urgió a la Secretaría de las Mujeres y a la Fiscalía Central a replantear el uso de los recursos para atender los delitos de violencia de género. “No basta con acciones aisladas; se necesita un cambio estructural”, afirmó.
María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, aportó datos contundentes: entre 2023 y 2024, 643 mujeres fueron asesinadas en el Estado de México, pero solo el 25.6% de esos casos se investigó inicialmente como feminicidio.
Además, en el Registro Nacional de Desaparición figuran 31,180 mujeres mexiquenses, sin claridad sobre cuántas han sido encontradas, vivas o muertas. Estrada Mendoza reprochó que el Estado de México, pese a contar con dos alertas de género —al igual que Veracruz y Guerrero—, opera con mecanismos ineficientes y llamó al Congreso a establecer sanciones por negligencia en casos que derivan en feminicidios.
Luis Alfonso Guadarrama Rico, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, vinculó la persistencia de la violencia de género con factores como la pobreza y el crimen organizado, que agravan la crisis en la mayoría del país. Propuso que la justicia y los derechos de las mujeres sean prioridad en la agenda política, recordando que en 2015 había 643 municipios en 22 estados bajo alerta.
Desde el Poder Judicial, Luz María Lemus Campuzano admitió que las estadísticas son desfavorables y que las alertas carecen de efectividad por la falta de recursos en ciertas dependencias. Alertó sobre la necesidad de tomar en serio las violencias en el ámbito familiar y laboral, donde suelen originarse los feminicidios, perpetrados mayoritariamente por exparejas, familiares o conocidos.
Un caso de esperanza emergió con Ana Aurora Muñiz Neyra, alcaldesa de San Mateo Atenco, quien relató cómo la detención en flagrancia de un feminicida en 2022 derivó en una sentencia vitalicia, destacando el rol clave de los municipios en esta lucha. Sin embargo, el dolor persistió en la voz de Erika Chula Cabello, madre de Valeria, asesinada en Coacalco en 2022. Agradeció el respaldo del diputado Octavio Martínez Vargas, pero denunció la discriminación sufrida por parte de la FGJEM y clamó por justicia para su hija y seguridad para todas las mujeres del estado.
A una década de las alertas, el balance es claro: hay avances, pero la impunidad, las desapariciones y los asesinatos continúan. Las voces en el foro coincidieron en que las alertas deben trascender el papel y convertirse en una estrategia integral que no espere a que las tragedias sean irrefutables para actuar.
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